Cursos de Actualización en Energías

Módulo I. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, DIMENSIONAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

• La radiación solar
• Fundamentos de la energía solar fotovoltaica: principio de conversión fotovoltaica, la célula solar.
• Principales aplicaciones de la energía solar fotovoltaica
• Componentes de una instalación fotovoltaica: módulo fotovoltaico, acumulador, regulador, inversores.
• Diseño y cálculo de instalaciones fotovoltaicas
• Ejemplos de sistemas construidos e instalados.
• Exigencias de operación y mantenimiento
• Costos indicativos de sistemas fotovoltaicos
• Sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Principios y Oportunidades.

Módulo II. PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN HIDROCARBURIFERA
• El Ciclo de Exploración y Explotación Hidrocarburífera (Upstream)
• Consideraciones socio-ambientales: Determinación y delimitación de áreas de exploración.
• Consideraciones socio-ambientales: Análisis de las perspectivas empresarial, estatal, e indígena.
• Consideraciones de política económica: Determinación, gestión y administración de Reservas Hidrocarburíferas.
• Consideraciones de política económica: Renta petrolera, Government take, tributación, finanzas petroleras.
• Consideraciones legales: Estructura y elementos fundamentales de los contratos petroleros internacionales.
• Estado de Situación de la Exploración y Explotación Hidrocarburífera en Bolivia.

Módulo III. MATRIZ Y PLANIFICACION ENERGETICA
• Matriz energética nacional
• Análisis de oferta y demanda de energía en el país.
• Ejemplos de Matriz Energética
• Planificación energética.
• Modelos de Planificación.
• Ejemplos de Planificación Energética.

Fuente

Megarepresas: ¿Exportar y Depredar?

Apenas concluía, el viernes 10 de junio en La Paz, el seminario “Construcción de centrales hidroeléctricas y mitigación de impactos socio ambientales: experiencias internacionales”, ya se ultimaban detalles para la discusión más que ecologista en el panel internacional “Cachuela Esperanza, ¿otra megarepresa en la cuenca del río Madera?”, efectuado el 15 del mismo mes en Cochabamba.

El primero fue organizado por el Grupo de Estudios del Sector Eléctrico de la Universidad Federal de Río de Janeiro (GESEL/UFRJ), a través de la Embajada de Brasil en Bolivia con el apoyo de Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Mundial (BM).

El segundo fue auspiciado por el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), cuyo director, Jorge Cortés, explicó que hay preocupaciones sobre el impacto ambiental que tendrá la proyectada central en Cachuela Esperanza, por la gran extensión de territorio a ser inundada, el costo social y la distribución de los beneficios económicos, entre otros aspectos.

CACHUELA ESPERANZA
La hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, que según previsiones oficiales produciría electricidad de exportación desde el 2019, está ubicada sobre el río Beni, al noroeste de Riberalta y ha sido proyectada como parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Madera (Madeira para los brasileños) en territorio boliviano.

Con una inversión de 2.000 millones de dólares, produciría 990 Megawatios (MW) equivalentes al 80% de la energía actualmente producida por Bolivia, y aunque el proyecto está en fase de estudios a cargo de la consultora canadiense Tecsult, los primeros resultados alertan que los impactos sociales y ambientales serían muy considerables.

Pero Cachuela Esperanza no es el único proyecto de exportación de electricidad, pues el gobierno tiene previsto, según la rendición pública de cuentas realizada el primer trimestre, concluir este año el estudio de pre-factibilidad de los aprovechamientos hidroeléctricos en cascada del tramo binacional del río Madera, que puede generar una potencia aproximada de 3.000 MW

Ambos eventos concluyeron antes que se conociera, el jueves 16, la decisión del gobierno peruano, de cancelar la concesión temporal para construir la gran central de Inambarí, origen de protestas en el sur del país y de una huelga en Puno que ha causado millonarias pérdidas al comercio con Bolivia durante las últimas cinco semanas.

EN EL PERÚ: INAMBARI
Al declarar extinguida la concesión –y acceder a las demandas de los pobladores del sur peruano–, se estableció que “cualquier derecho eléctrico relativo al Proyecto Inambari” deberá contar con la aprobación de la población de la zona mediante un mecanismo de consulta previa como recoge un convenio de la Organización Internacional del Trabajo.

La Central Hidroeléctrica del Inambari estaba destinada a ser la quinta más grande de América Latina, implicando una inversión de 4.847 millones de dólares para lograr 2000 MW de potencia instalada, de los cuales $ 882 millones serían para una línea de transmisión de 810 km de largo que la uniría con las centrales del río Madeira en Brasil.

Su construcción, de acuerdo a datos del Bank Information Center (BIC), implicaba un impacto social y medio ambiental considerable:

Por una parte, la evacuación de entre 4.000 y 8.000 personas a causa de la inundación de 378 km2, por lo cual 65 centros poblados de los departamentos de Puno, Cuzco y Madre de Dios deberían ser reubicados y compensados; la deforestación de unas 308.000 hectáreas, sobre todo a causa de la migración de la población en búsqueda de trabajo y negocios; la destrucción de la biodiversidad del área y la severa alteración de los sistemas acuáticos aguas abajo y aguas arriba.

Además serán afectados 161 km de la Carretera Interoceánica por el embalse de la represa, según el reporte del BIC.

MOROS Y CRISTIANOS
En el caso de Bolivia, con una polémica que apenas comienza e interesa mucho a los grupos medioambientales, los dos eventos consecutivos han mostrado, entre otros aspectos técnicos y financieros que el negocio no será fácil, peor si se forman grupos antagónicos.

Por lo pronto, ante una tibia posición gubernamental, Brasil parece haber tomado la delantera, y tiene de su lado a la CAF y al BM, aunque los tres enfatizan la condición soberana de boliviana para resolver el asunto, según declaró el secretario de la Embajada, Ruy Ciarlini, quien clausuró el seminario sobre las hidroeléctrica y la mitigación de los impactos socioambientales.

La iniciativa a favor de las hidroeléctricas cuenta también con el apoyo de expertos del sector como Carlos Miranda y ex funcionarios que alientan la idea de contar, igual que Paraguay con Itaipú (14,750 MW), Venezuela con Raúl Leoni (Guri) y Macagua 10,055 y 3.154 MW (respectivamente) o Argentina con Yacyreta (3.100 MW), con una mega represa cuya energía tenga mercado seguro lo mismo que ingresos estatales garantizados por largo tiempo.

Con un régimen de posiciones ambiguas o casi silenciosas –para el CEASDEC la mayor inquietud es la falta de información por parte del Gobierno–, el otro frente comienza a conformarse por otros expertos que se agrupan en torno al CEADESC que opera desde Cochabamba, abanderando la defensa del medio ambiente, y al portal plataformaenergética.org impulsado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario y Laboral (CEDLA), con base en La Paz.

Eduardo Gudynas, de Plataforma Energetica.org señala, por ejemplo, que el permiso para la construcción de la gran represa Belo Monte en la Amazonia brasileña no sólo ha recrudecido las polémicas en ese país, sino que tiene consecuencias internacionales importantes.

“Es un ejemplo que otras naciones, como Bolivia, no deberían imitar” recomienda Gudynas al rememorar que la presa sobre el río Xingú inundará 700 kilómetros cuadrados, con enormes impactos sociales, tanto en comunidades rurales como pueblos indígenas, y severos efectos ambientales. “A pesar de que desde hace años la ciudadanía se opone a esa obra faraónica, el Gobierno federal brasileño y un grupo de empresas lograron su primer permiso para iniciar las obras”.

TEMORES
En el seminario organizado por Brasil, la CAF y el BM, el viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Alurralde (observador asiduo en el caso de las aguas del Silala que aprovecha Chile), expresó el temor de que las represas Jirau y San Antonio, sobre el río Madeira desaten inundaciones en el lado boliviano y daños en la economía y salud indígenas.

Según Alurralde, Bolivia no está satisfecha con los informes en pro de las hidroeléctricas, prontas a operar el 2012 y el 2013. Es más, las inundaciones y alteraciones en el flujo de agua podrían incluso inviabilizar otros proyectos hidroeléctricos en territorio boliviano.

Santo Antonio y Jirau serán capaces de generar 6.450 MW, 1.000 menos que los 5.450 previstas por Cachuela Esperanza, El Bala y las cachuelas sobre el Madera boliviano.

EL INTERÈS BRASILEÑO
En Brasil ha existido un crecimiento económico sostenido lo cual ha contribuido a convertirlo en el país más influyente de América del Sur. Instituciones como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) con activos de $159 mil millones, son instrumentos de una política nacional que apuesta por el fortalecimiento a empresas que contribuyan al desarrollo del país, mejoren la competitividad de la economía y eleven la calidad de vida de la población brasileña.

El crecimiento sustancial de la economía brasileña ha conllevado un incremento considerable de sus necesidades, energéticas y es ahora el tercer consumidor mundial de electricidad aunque su electricidad es cara.

El interés del Brasil por impulsar la integración energética sudamericana responde, en gran medida, a la necesidad de asegurar su abastecimiento de energía eléctrica. Entre 2009 y 2017 su demanda debe crecer, en promedio, en 5.900 megavatios anuales para poder mantener un crecimiento económico del orden del 4 al 5% anual.

Diversos consultores privados afirman que en los próximos 10 años el Brasil necesitará una capacidad adicional de producción de 50.000 MW, de los cuales 37.000 ya están en diferentes niveles de avance. Por esta razón, están en marcha grandes emprendimientos que también constituyen grandes oportunidades de inversión para la empresa privada y la banca multilateral brasilera. Actualmente Brasil viene apostando por la construcción de grandes represas como Tucuruí, Balbina y Itaipú, y actualmente está promoviendo represas como Belo Monte, Inambari, en Perú y Cachuela Esperanza, en Bolivia, y el Complejo hidroeléctrico del río Madeira cerca a la frontera entre Perú, Bolivia, y Brasil.

En este contexto, los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva altoperuana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la demanda energética del país vecino.

La noticia de la firma del memorando de intención entre Brasil y Perú —uno de cuyos seis puntos hace referencia a las hidroeléctricas— fue mucho más comentada en Brasil que en el Perú, donde, a pesar de su evidente importancia geopolítica, económica, social y ambiental, pasó casi desapercibida. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprometiéndose a comprar al Perú gran parte de la energía producida.

Las hidroeléctricas por construir son Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatán (750 MW) y Chuquipampa (800 MW), con un costo conjunto en el orden de los US$16 mil millones, de acuerdo a una información difundida por Bicusa.org.

MADERA-CACHUELA ESPERANZA
Para el proyecto Madera, se realizaron estudios básicos como levantamiento topográfico (sistema LIDAR), georeferenciación, hidrología (mediciones sedimentológicas y caudales), además de línea-base ambiental y geológica. El costo aún está por definirse.

El proyecto Cachuela Esperanza tiene casi listo el Estudio de Factibilidad Técnica, Económica, Financiera y Ambiental y el Diseño Final del aprovechamiento hidroeléctrico. Se prevé contar con una potencia instalada de 900 MW, mediante 18 turbinas Bulbo de 50 MW cada una, a un costo total de 2.464 millones de dólares, que incluye tendido de líneas y construcción de subestaciones.

Según lo informado por Tecsult, la represa tendrá una superficie de 690 kilómetros cuadrados, es decir tres veces más que cada una de las dos represas brasileñas. Entre otros efectos nocivos del proyecto sobre el medio ambiente y la biodiversidad serán: la alteración, pérdida de agua y del caudal del río, alteración y pérdida de vegetación en la zona de las obras, alteración y migración de peces, y alteración y pérdida de aves.

El IIRSA informó que, de acuerdo al contrato, Tecsult debe realizar tres estudios por un monto de 8 millones de dólares: Diseño final del proyecto Cachuela Esperanza, impacto en Bolivia de las represas Jiraú y San Antonio en Brasil, y tres alternativas – a nivel de pre-factibilidad - de posibles formas de aprovechamiento de las potencialidades del tramo binacional Bolivia – Brasil en el río Madera, Mamoré y Beni.

Los impactos a nivel social serán de reubicación de hogares, pérdida de tierras agrícolas utilizadas para el autoconsumo y comercio, pérdidas de recursos utilizados por la población, perturbaciones a la pesca, pérdida de bienes patrimoniales y aumento de enfermedades ligadas a la presencia de obras, señala Plataformaenergetica.org.

La construcción incluiría obras como una presa de 37 metros de altura y una esclusa, una central hidroeléctrica, vertedero e la instalación de varios generadores/turbinas. Demorarían en su construcción de hasta ocho años.

Según el especialista Henkjan Laats, tomando en cuenta que la cantidad de energía que produciría Cachuela Esperanza es más de tres veces menor que la energía generada en Brasil - 990 MW frente a 3300 y 3150 MW de Santo Antonio y Jirau, y que el área inundada (690 Km2) sería tres veces mayor que la de aquellas represas, el impacto de Cachuela Esperanza en temas como la emisión de gases con efecto invernadero sería diez veces más grave por cada MW producido.

El costo de la energía producida por Cachuela Esperanza será más alto que el costo de la energía producida por Jirao y San Antonio. Por lo tanto, como la energía de Cachuela Esperanza está destinada al mercado brasileño, en las negociaciones sobre el monto de dinero que pagará Brasil para la energía generada de Cachuela Esperanza, Bolivia difícilmente obtendrá el precio justo para la energía exportada.

Un argumento que se utilizó a favor del proyecto era la esperanza de Bolivia de tener una hidrovía hasta el Océano Atlántico, lo que mejoraría la viabilidad económica de Cachuela Esperanza. Esta posibilidad se vio frustrada desde que Brasil decidió no construir esclusas como parte de los proyectos hidroeléctricos Jirao y San Antonio, según LaHaine.org.

Fuente

Actual Normativa de Electricidad Responde a una Filosofía de Mercado

Una nueva normativa en materia de electricidad debería considerar aspectos como, el aprovechamiento de las energías renovables, la generación distribuida, hacer un fuerte énfasis en lo que significa la eficiencia energética, el uso racional de la energía, y el acceso universal a la electricidad, aspectos que no se contemplan de ninguna manera en la actual Ley 1604, sostiene Miguel Fernández, director de la institución Energía para el Desarrollo (Energética).

Para Fernández, la actual normativa de electricidad aprobada en el año 1994 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, tiene un enfoque básicamente de mercado, es decir de oferta y demanda, donde el Estado es simplemente un regulador, además de no adecuarse a la realidad actual del país, pues está vigente desde hace 17 años.

“El sector eléctrico en general estaba en manos del sector privado, se promovía mucho la participación privada, el Estado se reservaba un papel fiscalizador y regulador. A partir del cambio de gobierno en la nueva Constitución, el Estado boliviano es el actor por excelencia en el campo energético (electricidad e hidrocarburos) y tiene reservado para sí todo lo que significa la producción, la gestión, la distribución de lo que es energía”, dijo a tiempo de aclarar que no existe una relación entre la nueva CPE y la Ley de Electricidad.

Indicó que la Ley 1604 considera a la electricidad, conceptualmente, como un insumo más de las actividades productivas y domésticas, mientras que en la nueva CPE la electricidad es parte de los servicios básicos y es obligación del Estado proveer el acceso a este servicio básico de manera universal. En este sentido, el Gobierno está implementando el “Programa Electricidad para Vivir con Dignidad”, la tarifa Dignidad y otros; sin embargo, advirtió que en la ley vigente, no existen los mecanismos operativos para el suministro de energía a todos los bolivianos, puesto que la normativa actual, totalmente descontextualizada, responde a una filosofía de mercado, donde sólo los que pueden pagar este servicio tienen acceso.

Asimismo, expresó que otra falencia de la actual Ley de Electricidad es que no acompaña el cambio de la matriz energética, uno de los objetivos de la actual gestión de gobierno, debido a que pasar de una matriz energética convencional a una matriz energética sostenible implica generar electricidad a partir de recursos renovables como el viento, el agua, el sol, entre otros, y la Ley 1604 no fomenta la producción de energías renovables.

“Si no se toman en cuenta los elementos mencionados y mientras siga vigente la Ley 1604, se puede estar restringiendo las oportunidades que existen para generar más energía de manera limpia, para llegar a toda la gente con electricidad y para encontrar mecanismos que nos permitan hacer un uso racional de la electricidad en el país”, advirtió.

APROVECHAR LAS ENERGÍAS RENOVABLES
En relación a las energías renovables, Fernández manifiesta que la Ley 1604 debería priorizar el despacho económico bajo una lógica razonable desde el punto de vista económico pero que permita, además, aprovechar los recursos naturales de manera integral y cuando estén disponibles. Es decir, plantea utilizar las renovables no solamente en horas pico sino de manera permanente.

¿Pero qué es el despacho económico?. De acuerdo a explicaciones de Fernández, significa que la energía eléctrica que se usa siempre es por orden de precio. En este sentido, advirtió que primero se utilizan las energías más baratas y luego las energías más caras, que entran el menor tiempo posible y en horas pico, lo cual considera razonable, pero también limitante, puesto que de esta manera las energías renovables no se pueden utilizar en momentos de su producción, como el caso de la energía eólica, que para su generación depende de factores climatológicos.

Expresó también que 1 kilovatio hora (kWh) que se genere con viento o con sol siempre va a ahorrar 1 kWh que se pueda generar con gas o diésel. “Adicionalmente, un kilovatio hora que se genere con sol, con viento o con agua, va a evitar quemar gas natural para generar ese mismo kilovatio hora y es mucho más rentable exportar ese volumen de gas a Brasil o Argentina que quemarlo para generar un kilovatio hora de electricidad, porque nos pagan entre 7 y 10 dólares por millar de metros cúbicos de gas, mientras que aquí vamos a registrar solo 1,3 dólares por millar de pies cúbicos para generar electricidad”, dijo a tiempo de destacar que, de esta manera, se incrementarían los ingresos del país y el sector eléctrico sería más sostenible.

AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN
Según Fernández, la Ley de Electricidad debería considerar adecuadamente el tema de la planificación del sector eléctrico a corto, mediano y largo plazo, para no tener que afrontar luego apagones de luz y tener que resolver problemas de este tipo sin tener una visión clara y estratégica de cómo está funcionando o de cómo va a funcionar el sector en el futuro.

“Es necesario prever inversiones, planificar infraestructuras, diseñar proyectos, entre otros, de manera que llegado el momento tengamos las respuestas y no estemos correteando para ver como resolvemos el problema inmediato”, expresó.

En este sentido, explicó que la generación, transmisión y distribución de electricidad es más un problema de inversiones que no se han realizado oportunamente, así como también responde a temas de planificación, de crecimiento y de expansión del sector eléctrico.

“En este caso, se puede decir que hay cierta responsabilidad de parte de la Ley, porque dejaba abierto el crecimiento del sector justamente a las fuerzas del mercado, entonces se decía que si va a haber demanda de electricidad las empresas van a invertir para tener una oferta que responda a la demanda, ahí se regula el crecimiento del sector, pero había solamente una planificación de tipo indicativo y lo que se necesita ahora es una planificación mucho más sólida en lo que significa el sector eléctrico para evitar lo que está pasando en el país”, expresó.

RESERVAS DE ELECTRICIDAD EN RIESGO
Si bien la capacidad de gestión del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) es alta y permite satisfacer la demanda de electricidad en el SIN, también es oportuno advertir que la situación es precaria y de riesgo en cuanto a la generación, actualmente se está operando con márgenes de reserva muy pequeños, inferiores a los recomendados internacionalmente, manifiesta un artículo elaborado por el director de Energética, Miguel Fernández, y el ingeniero eléctrico, Carlos Yudin Pozo.

En este marco, los autores del mencionado artículo cuestionan: ¿Qué hacer ante una situación de riesgo de reserva?. De acuerdo con el documento, el incremento del margen de reserva es una prioridad, en la cual la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), a través del plan de emergencia, se encuentra abocada a su atención y quiere incrementar 160 MW a la oferta de potencia.

Refieren que normalmente los meses de mayor demanda en el país son agosto, septiembre y octubre y la instalación de los nuevos equipos generadores está prevista para el mes de octubre, justo al final del periodo crítico. ¿Y si existe un retraso?, cuestionan y aclaran que en este momento la responsabilidad no sólo se encuentra en el lado de la generación, sino también en el lado de la distribución y del consumo.

En este sentido, proponen la necesidad de un plan de contingencia y enumeran diferentes aspectos, como una agresiva campaña de ahorro de electricidad, el diseño de un plan estratégico de alivio de cargas, la participación del sector privado y una planificación adecuada del sector eléctrico.

CAMPAÑA AGRESIVA DE AHORRO DE ELECTRICIDAD
En este momento, puede ser mucho más rápido lograr una reducción de la demanda que un incremento en la potencia, según los autores de dicho artículo. Agregan que si, adicionalmente, se acompaña de una política adecuada de incentivos, una medida de este tipo podría significar el inicio de un verdadero programa de eficiencia energética, dando continuidad al DS No. 29466 de 5 de Marzo de 2008 que crea el Programa Nacional de Eficiencia Energética y que al momento solamente ejecutó el cambio de lámparas incandescentes por eficientes, quedándose sin mayor actividad pública, indican.

Refieren que una carga molestosa, por ejemplo, son las duchas eléctricas, y en el caso del Oriente varios estudios sobre gestión de la demanda han mostrado indicios que contribuyen de manera sensible a incrementar el pico de la demanda. En ese sentido, los autores expresan que un racionamiento voluntario en el uso de estos implementos eléctricos puede contribuir, mientras se logre soluciones más estructurales como por ejemplo promover el uso de energía solar para calentamiento de agua de uso doméstico.


Asimismo, Fernández dijo que se podría limitar el uso de la iluminación de tipo publicitario y ornamental. Por ejemplo, mencionó que cada gigantografía consume de 3 a 5 kilovatios, consumo que si se multiplica por todas las gigantografías que existen en el país se puede ahorrar algunos megavatios.

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE ALIVIO DE CARGAS
De acuerdo con el Plan de Contingencia propuesto por Fernández y Yudin Pozo, las empresas distribuidoras deberían elaborar un plan de alivio de cargas que responda de manera estratégica a objetivos sociales, económicos y técnicos y no esperar que suceda la emergencia para cortar el suministro a quienes en ese momento se consideren menos importantes.

“Un plan de alivio de cargas debería responder a criterios básicos que permitan priorizar las cargas de electricidad, respondiendo preguntas como: ¿Es más importante proveer electricidad a una industria o a la iluminación publicitaria y ornamental?. ¿Sacar de servicio alimentadores rurales?. ¿Cuáles y por qué?. ¿Desenergizar escuelas, hospitales o centros comerciales?. ¿Qué tipo de instituciones tienen generadores de respaldo y en cuáles se debería al menos sugerir que los coloquen?”, dice el documento.

Es decir, que se estructure un plan considerando los costos económicos y financieros de la falta de energía eléctrica en caso de falla, sostiene. “Estudios internacionales muestran que los costos de falla se pueden encontrar en un rango de 1,5 $US/kWh hasta 5 $US/kWh. ¿Cuáles son los costos en Bolivia?”, cuestiona.

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
El sector privado empresarial puede tener una capacidad de respuesta muy alta, y en este caso es posible adquirir grupos termogeneradores a gas de potencias medianas entre 2 y 5 MW de tipo “contenedor” que pueden ser instalados en corto plazo; sin embargo, para esto es necesario que exista una política definida al respecto, de manera que existan reglas claras de retribución de la inversión y/o tarifas especiales, señala el informe.

Indica que otra forma de participación del sector privado puede ser a través de la reprogramación de actividades industriales, cuidando de no incrementar la demanda en horarios de punta, o la activación de manera programada del parque actual de equipos de emergencia que tienen varias industrias e instituciones, las cuales podrían eventualmente autoabastecerse de energía en horario crítico. “Así se reduciría en algunas decenas de megawatts la demanda, lo que puede significar un aporte valioso a la seguridad del sistema”, expresa.

“Obviamente habrá que discutir las formas de relacionamiento y, esto implica que se trabaje en un plan de emergencia consensuado con el sector privado donde las empresas distribuidoras jueguen un rol líder”, agrega.

PLANIFICACIÓN ADECUADA DEL SECTOR ELÉCTRICO
El documento afirma que la actual situación muestra que a pesar de todos los esfuerzos realizados hasta la fecha, la planificación del sector eléctrico aún debe mejorarse. En este sentido, advierte que los grandes planes y los megaproyectos de miles de megawatts destinados a dar un salto cualitativo en el sector, no deben apantallar y soslayar las necesidades internas de electricidad del país.

Por otro lado, refiere que la necesidad de contar con planes de contingencia es vital, tal como se ha demostrado en la actualidad, cuando el retraso en el ingreso de Guaracachi con 80 MW en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) coloca al país al borde de la crisis.

“No es con anuncios que aparecen las reservas de electricidad. Es necesario un proceso cuidadoso de planificación, amplio, participativo y con los actores relevantes, el que apuntalará los conceptos de generación distribuida, seguridad energética, confiabilidad y economía”, asegura.

Fernández concluye que de no tomarse acciones coordinadas es previsible que una vez más los ajustes de la crisis de suministro de electricidad vuelvan a afectar a los menos favorecidos: los pobres de los barrios marginales de las ciudades, los pequeños poblados de las áreas rurales, las comunidades recientemente beneficiadas con proyectos de electrificación rural, generando un contexto quizás involuntario, pero de inequidad e injusticia real.

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Hasta 2020: ENDE Tiene Otro Plan de Energía

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) anunció que pondrá en ejecución, desde octubre próximo, el Plan Energía Sostenible (PES Bolivia 2011-2020) que comprende inicialmente dos programas. El primero consiste en la instalación de unidades termoeléctricas a gas natural hasta fin de año y el otro de centrales hidroeléctricas y geotérmicas con recursos renovables.

Recientemente, ENDE indicó que ponía en ejecución un plan de emergencia, ante la baja reserva de energía, para la instalación de termoeléctricas. “Hemos elaborado un plan serio de proyectos e inversiones que garantizan el incremento paulatino y anual de la potencia al Sistema Interconectado Nacional, el mismo que nos permitirá contar con un sistema altamente confiable, continuo y seguro hasta el año 2020”, dijo Nelson Caballero, gerente de ENDE.

Este conjunto de unidades térmicas demandará una inversión que supera los 300 millones de dólares que serán financiados por el Banco Central de Bolivia (BCB).

El PES Bolivia 2011-220 incorpora en su primera fase la ejecución de todas las unidades termoeléctricas del Programa Estratégico de Abastecimiento de Electricidad y en una segunda etapa (mediano plazo) la operación de proyectos hidroeléctricos y geotérmicos del Programa Energías Renovables (PER) con el uso intensivo y predominante de energías renovables.

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Escuelas del Área Rural Usan Energía Eólica y Solar

En Cochabamba, 12 escuelas del área rural cuentan con energía eólica solar, un proyecto ejecutado en el marco del proyecto Euro-Solar, financiado por la Unión Europea, que en todo el país beneficia a 7.962 familias de zonas empobrecidas de 59 comunidades.

Los 12 establecimientos están ubicados en los municipios de Anzaldo, Mizque, Vila Vila, Totora, Pojo, Independencia, Tacopaya, Independencia y Alalay. Fueron beneficiados, cada uno, con cinco computadoras y equipos como una nevera para vacunas y un purificador de agua.

En su etapa final, que concluye en marzo del próximo año, el programa pretende dotar a las escuelas beneficiadas de Internet. “Para el año 2011 se tiene como meta la instalación y funcionamiento de los 59 telecentros en el país”, dijo el administrador del programa Euro-Solar en Bolivia, Jacques Alcoba.

Para el ejecutivo, la generación de energía ecológica (eólica y solar) es una de las alternativas para afrontar la crisis energética que vive el país. “Una de las ventajas de este tipo de energía es que no utiliza recursos no renovables, las hidroeléctricas, los molinos (energía eólica) y los paneles solares no agotan los recursos”, dijo.

VILA VILA
La coordinadora del programa Euro-Solar, Gabriela Hurtado, dijo que la evaluación fue positiva y que permitirá realizar ajustes. “El municipio estrella se encuentra en Cochabamba y es Vila Vila, que cumplió a cabalidad todo lo exigido por el programa, como es dotar de un ambiente propio para los equipos”, explicó.

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LAS DIFICULTADES DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES: SU ALTO COSTO Y LA FALTA DE NORMATIVA

Su alto costo y la falta de legislación impiden el ingreso masivo de las tecnologías de energía renovable en el país, pero fuera de ello existe la viabilidad técnica, social y ambiental para aplicarlas, según el investigador Juan Pablo Alcócer.

Aunque las energías de fuente solar, eólica, biomasa, hidráulica y geotérmica son relativamente nuevas para Bolivia, las perspectivas de su aplicación son importantes si se considera la situación de déficit de generación de electricidad a través de las fuentes convencionales (hidrocarburos, carbón, gas).

El ingeniero industrial con especialidad en energías renovables Juan Pablo Alcocer dice que las fuentes convencionales son cada vez más escasas y tienen costos crecientes, sin contar con los daños causados al medioambiente con los gases de efecto invernadero.

Por eso, en su criterio, existe una viabilidad técnica, social y ambiental para aplicar las tecnologías de energía renovable con el propósito de generar electricidad para uso interno de país. A nivel social, las comunidades indígenas y campesinas alejadas de los centros urbanos se verían beneficiadas, mientras que a nivel ambiental se evitaría la contaminación con la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.

El factor económico es el que más límites supone, dice Alcocer, quien admite que las energías renovables son relativamente más caras que las convencionales, aunque tienden a un abaratamiento de sus precios. Actualmente se cuentan en Bolivia numerosas instalaciones de energía solar, hechas con base en inversiones privadas o subvenciones de organizaciones no gubernamentales. En 2010 se contabilizaron 5.000 nuevas instalaciones de energía solar, aunque también se tiene artefactos que combinan la solar y eólica en los lugares donde no llega la red eléctrica.

Entre los planes y proyectos para la expansión de las energías renovables, Alcocer apunta los siguientes: la futura aprobación de la hidroeléctrica Cachuela Esperanza para producir 900 megavatios (MW), el proyecto Angosto de El Bala con 1.600 MW, Rositas con 400 MW en Santa Cruz. “Si solo se explota el potencial hidráulico, la energía sobraría y tendríamos incluso para exportar a Brasil”.

Otros proyectos para generar energía a partir del bagazo de la caña de azúcar en Santa Cruz y la geotermia en el Campo Sol de Mañana cerca de los salares, además de proyectos piloto de energía eólica, están esperando. “La política actual está bien orientada, solo falta la ley de electricidad que regule a cada tipo de energía para que cada privado vea las posibilidades de inversión, recuperación de capital, etcétera”, dice Alcocer.

¿Pero cuán alternativas son estas energías si los ambientalistas han calculado grandes inundaciones en el caso de las hidroeléctricas? Alcocer asegura que cualquier construcción nueva afecta al ecosistema con consecuencias para la fauna, flora y las poblaciones humanas, pero en su criterio se debe comparar las consecuencias de estas energías con los efectos causados por las energías convencionales, cuyos resultados son evidentes en cuanto a contaminación de la atmósfera.

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Artículo sobre la entrevista que me hicieron para el PIEB (Periódico digital de Investigación sobre Bolivia)