Con todas esas ventajas, ¿por qué hay en todo el país sólo 4.000 unidades de sistemas termosolares (STS), una cantidad bajísima frente a los indicadores mundiales?
La respuesta para el ingeniero Miguel Fernández, de Energética, una institución de desarrollo civil asentada en Cochabamba, consiste en tres tipos de barreras: informativas, financieras y técnico-políticas.
Concretamente, asegura que la energía solar acumulada en paneles generalmente colocados en los techos y usada para producir agua caliente, “es un misterio”, al tiempo que su financiamiento convencional es problemático y falta bastante para que los proyectos sean parte de los planes de vivienda.
Estimaciones del Proyecto Sol muestran que actualmente se comercializan en el país poco más de 400 sistemas termosolares por año, la mayor parte en viviendas, cuando el potencial es de 200 mil unidades, una cifra mínima aún, si se tiene en cuenta que hay en Bolivia unos dos millones de hogares.
“Hay una alta radiación solar y aplicaciones; las restricciones actuales en el país son un factor importante que entorpece su desarrollo, falta avanzar”, dice el representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), César Sevilla.
“En áreas rurales hay alta demanda en especial en las alturas, y se ha dado mucha penetración en las áreas rurales, esto involucra el diseño de políticas públicas con participación de las organizaciones, y aquí desearíamos que la relación Estado-Privados sea virtuosa antes que conflictiva”, enfatiza Sevilla, moderador del seminario organizado por el Proyecto Sol y Energética, que reunió a 50 personalidades, instituciones, académicos, empresarios y altos funcionarios.
El objetivo es la discusión del uso de energía solar para calentamiento de agua y uso doméstico a nivel urbano y rural, lo mismo que en emprendimientos comerciales e industriales.
También, generar condiciones para incorporar esta tecnología como parte de las políticas públicas en aspectos de energéticos (energías renovables y eficiencia energética), cambio climático, y soluciones de vivienda.
CALENTANDO EL AGUA
De acuerdo al comportamiento de la demanda, se ha visto recientemente que el Sistema Integrado Nacional (SIN) colapsa por 5 o 6 megas (Megawatts-MW) faltantes, refiere Fernández, cuando se puede ahorrar 20MW utilizando la energía termosolar, pues tan solo en la ciudad de Santa Cruz se gasta entre 30 y 40 megas en el uso de duchas ya que el calentamiento de agua se lo hace básicamente con electricidad.
“De manera que se puede ahorrar hasta 120 KW mes. La ducha eléctrica juega un papel principal, influye en los bajones de tensión, pero eso podría ser suprimido con las unidades termosolares”, refiere el representante de Energética.
Hoy, la demanda de agua caliente está cubierta sobre todo por electricidad, gas licuado de petróleo (GLP), gas natural y biomasa, recuerda este experto en energías renovables, que en el encuentro presentó el estado de este recurso en Bolivia.
Respecto del potencial, al parecer Bolivia está bien provista: de 4.5 a 8.5 KW hora por metro cuadrado, lo que significa, según los expertos, dos a tres veces más que en Alemania o España, a pesar de que la tecnología es todavía cara.
En cuanto a tecnología hay producción local y pequeñas y medianas empresas (PyMES) que se encargan de ello: lo mismo, se tiene los demás accesorios e insumos: colectores de placas planas, cañerías galvanizadas, termotanques de hasta 2000 litros, hierro, aislamiento sea con fibra de vidrio o poliuretano, en un ámbito donde el modelo es el del “termosifón”.
Fernández confirma que hay 4.000 unidades en el país, con ventas de hasta 400 al año. “Un STS se paga en seis años, aunque a la fecha habrá más y mejor crédito”, augura.
En conclusión, hay un mercado potencial de hasta 200 mil unidades en el área urbana, una producción local que puede generar empleo en Pymes; la factibilidad de contar con tecnología limpia, y el hecho de que puede registrar un impacto positivo en el sistema nacional de electricidad, lo cual está ligado a la eficiencia energética.
Sin embargo, no todo es color de rosa: hay que generar un mecanismo de intervención estatal para empezar con esta tecnología, dice Fernández. “Un apoyo estatal no sólo con subsidios directos sino con medidas colaterales con o la inclusión de los STS en los planes de vivienda. En todo eso consiste el desafío”.
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