Se trata de un ‘megaproyecto’ de $us 2.500 millones. El dinero no parece ser un problema, puesto que entre las posibilidades de financiamiento está el segundo banco más grande del mundo, el Bndes, según el experto Henjkan Laats, director de la fundación Puente Entre Culturas.
Cachuela Esperanza no es un proyecto aislado. Según Laats, es parte del llamado Complejo Río Madera. El diseño forma parte de un dibujo más grande, llamado Iirsa o Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Gustavo Soto, investigador del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, narró el origen de estos proyectos; recuerda que el Iirsa nació el 30 de agosto de 2000, en la primera cumbre de presidentes. Doce países acordaron construir proyectos para la ‘inserción subcontinental’. Las obras abarcan transporte, energía y comunicaciones, por $us 69.000 millones. Se han terminado 51 de estos proyectos y hay en ejecución 189. En ellos se invertirán $us 38.000 millones, además de los 103 proyectos en estudio, que costarán $us 17.000 millones. Toda Sudamérica está contemplada en los llamados ejes de desarrollo. Está el eje Andino, eje Escudo Guianés, eje Interoceánico central, eje Perú-Brasil-Bolivia (ver www.iirsa.org). Ahí está ubicado el llamado complejo Río Madera. La carretera bioceánica Brasil-Perú y el tramo del ferrocarril Uyuni-Santa Cruz forman parte de Iirsa. Este gran proceso en la Amazonia abarca Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Guayana Francesa y Surinam. Es una población de 33 millones de habitantes. Hay 1,6 millones de indígenas en 370 pueblos. Los proyectos Iirsa son ‘vendidos’ con frecuencia como ofertas electorales. En 2002 se mencionaba la gran carretera Paz Estenssoro (que conectará Pando con Tarija) como parte de la oferta electoral. Para Soto, se trata de una integración subordinada a Brasil, que oculta su carácter procapitalista y a su vez, una subordinación a mercados emergentes como China e India.
El complejo Río Madera incluye las represas Santo Antonio y Jirau en territorio brasileño, la represa Ribeirao (proyecto binacional entre Bolivia y Brasil) y Cachuela Esperanza. Brasil empezó la construcción de Santo Antonio y Jirau sin preguntar a nadie, pese a que se trata de un proyecto conjunto. Bolivia tuvo que reclamar repetidas veces que se tome en cuenta el impacto de esas represas en su territorio. Ambas ya están en ejecución y sus estudios de impacto ambiental no consideran los efectos en el marco del Iirsa y ‘descuidan’ la afectación a cuatro estados brasileños, además de tierras indígenas. No en vano, una de las constructoras de Jirau, la francesa GDF Suez, es considerada una de las empresas más irresponsables del mundo. Ya hubo consecuencias. Murieron peces (11 toneladas) en 2008, hay gente que no quiere trasladarse y la malaria ha aumentado en un 200%. La criminalidad y la prostitución en Santo Antonio también se incrementaron. La experiencia en otras represas indica que aumentan el dengue, las parasitosis y las posibilidades de contaminación de peces con el mercurio que se deposita en los sedimentos.
LA PLATITA NO ES PROBLEMA
No hay datos precisos, pero en mayo de 2009 se estimó que 15 pueblos ribereños de Bolivia serán afectados por Cachuela Esperanza. No hay un estudio claro que indique lo que sucederá con especies endémicas y en peligro como el manicillo beniano, la chirimoya de pelos sedosos, el cayú de hoja blanca, el cayú del norte o el chocolatillo de gajo. El pacú y el dorado, especies migratorias e importantes para Bolivia y Brasil no se mencionan en ninguna parte de los estudios hasta ahora conocidos. Tampoco las especies de mamíferos de la zona. El investigador brasileño Guilherme Carvalho vive a 70 kilómetros de una de estas represas y afirma que los pescados que come son los que desovan en Bolivia. “Son peces que migran 3.700 kilómetros. Los compro en las ferias públicas en mi ciudad. El estudio no analiza nada de eso, sólo el área próxima a la represa. El estudio de impacto ambiental es un instrumento fallido”, asegura. Carvalho es un profundo conocedor de uno de los instrumentos de financiamiento más poderosos del mundo. Se trata del Bndes, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Después del Banco de China, el más grande del mundo, está el Bndes. Es cuatro veces más grande que el Banco Mundial, el BID y la CAF juntos. Sólo el año pasado desembolsó $us 100.000 millones en hidroeléctricas, empresas mineras, plantas de celulosa y en el sector automovilístico.
Recientemente, Brasil cambió su legislación para que sus empresas públicas puedan actuar en países vecinos. Ejemplo: Electrobras está involucrada en la construcción de 15 hidroeléctricas en Perú. El Bndes es el brazo operativo para que los países vecinos de Brasil integren su infraestructura para ser más competitivo.” Por eso Bndes otorga créditos a empresas brasileñas para que se conviertan en transnacionales. Un ejemplo de la penetración de empresas apoyadas por el Bndes es lo sucedido en Argentina. Hace dos años, Brasil tenía cien empresas en ese país. Cristina Kirchner levantó las barreras para la instalación de empresas brasileñas y hoy existen 270 empresas brasileñas en territorio argentino. “Estamos en un proceso de cesión territorial al gran capital. Por eso hay reordenamiento de territorios. Las actividades productivas desarrolladas por las comunidades locales tienden a desaparecer. Así, los conflictos se diseminan en la Amazonia”, explica. Esos conflictos se refieren a falta de cumplimiento de las leyes laborales, al punto de que se habla de trabajo esclavo. “Se cumplían sesenta horas de trabajo, cuando la ley dice 44”, informa. Además, hubo un aumento de los homicidios dolosos entre 2008 y 2010 y un incremento de 18% a la explotación sexual de menores. Los estupros aumentaron un 208% desde que empezó la construcción de las hidroeléctricas y se instaló un prostíbulo al que los trabajadores de la planta asistían presentando una tarjeta en la que se marcaban los servicios.
Por estos motivos, el diputado de la zona, Juan Carlos Ojopi, ha pedido constantemente informes al Gobierno. Ha recibido información, pero advierte de que “este megaproyecto requiere de megatalleres. Brasil y Perú ya nos mostraron lo que pasa”.
LAS OPCIONES
Con casi 1.000 megavatios, la energía que producirá Cachuela Esperanza equivale al 80% de lo que actualmente produce Bolivia. Somos un país que consume muy poca energía. Además de eso, la Tarifa Dignidad, que rebaja un 25% de la factura a quienes necesitan menos de 70 kilovatios al mes. Estas cifras, brindadas por el economista e ingeniero eléctrico Enrique Gómez, indican además de que en el área rural se consume 20 kilovatios al mes. “Se dice que la gente enciende el foco para buscar fósforos y encender la vela”, comenta el especialista. Con esos números, las generadoras no son rentables. Vender a Brasil, donde se paga $us 19 por kilovatio/hora parece más atractivo que cobrar al consumidor boliviano, que paga $us 6,73 por kilovatio/hora. Claro, tenemos la subvención del diésel y un gas barato. Pero señala un punto preocupante: en el oriente, el costo de generación de energía con diésel subvencionado es de $us 50 por megavatio/hora; la energía de Cachuela Esperanza costará $us 100.
El ex gerente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) se extraña de que el Gobierno vetara un proyecto para generar energía en Cobija a partir de la cáscara de castaña. Holanda subvencionaba una parte del proyecto y ENDE sólo invertiría $us 200.000. “Al subir Evo, vetó la idea porque querían proyectos faraónicos. Si fracasaba, perdíamos 200.000 dólares, pero si tenía éxito, podíamos reproducir la idea en diferentes poblaciones”, asegura. En Beni se habló de construir pequeñas hidroeléctricas, pero no hay voluntad política. “A quien se anima a invertir en pequeñas centrales, le dan un trato discriminatorio. San Joaquín, en el Chapare, no puede vender a otros. En otros países, las centrales eólicas tienen un tratamiento preferencial, pero en Bolivia no”, protesta.
Entre las opciones sugeridas está una versión más pequeña de Cachuela Esperanza, que generaría 30 megavatios (no 1.000 como ahora se pretende). “Se atendería así la pequeña demanda del norte boliviano: seis megavatios Riberalta, ocho Guayaramerín. También están los biodigestores (que producen energía gracias a la quema del metano) y el uso de la cáscara de castaña, cuya reserva alcanza para 20 años.
Todo está claro para Vanessa Cueto, vicepresidenta de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), que trabaja en Perú. DAR está haciendo seguimiento a cinco centrales que se están construyendo en la Amazonia peruana. Una de ellas es Inambari y otra, Pakitzapango. Forman parte de las cinco que están proyectadas para vender energía a Brasil. El acuerdo se firmó en junio del año pasado entre las cancillerías de ambos países. Se fijará la cantidad de electricidad que se venderá al coloso latinoamericano y esa cifra no podrá variar en 30 años, aunque la demanda peruana de energía aumente. Estos proyectos obligarán a desplazarse a 7.000 personas, se perderán 90 millones de hectáreas de bosques y los 3.000 kilómetros de líneas de transmisión generarán un área deforestada de 6.000 hectáreas.
LAS EXPLICACIONES
Víctor Van Oeyen, asesor de comunicación del Ceadesc, dice que es llamativo el silencio que el Gobierno guarda en el tema Cachuela Esperanza. Los efectos de los que no se habla fueron simulados por expertos de Cipca (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), que determinaron una afectación por el embalse de 600 km2, mientras que el estudio de Tecsult dice que serán 280. Se llega a afectar a 50 comunidades, poblaciones intermedias y ciudades, incluso Riberalta, que tiene 100.000 personas. “En años anteriores Riberalta ya fue afectada, y los estudios brasileños no contabilizaron superficies que siempre se inundan”, afirmaron Roberto Menchaca y Marcos Nordgren. Según los investigadores, la superficie afectada será de 15,8 millones de hectáreas, lo que involucrará a 436 comunidades y 330.000 habitantes. “Estamos hablando de una superficie adicional igual al departamento de Cochabamba”, asegura. Walter Justiniano, investigador independiente del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y fogoso crítico de la represa, señala que Tecsult afirmó, en su informe, que no es viable proveer de energía a Cobija, la capital del departamento en el que estará la hidroeléctrica. El motivo: los 500 kilómetros que la separan de Cachuela requieren de una inversión millonaria en el sistema de transporte.
Dos ingenieros de ENDE dieron algunas respuestas. Marco Escóbar (jefe del departamento de Hidráulica) y Aldo Delgadillo, supervisor del proyecto Cachuela Esperanza, explicaron que aunque Tecsult dice que no es viable otorgar energía a Cobija, la posición de ENDE es diferente. Esa declaración fue, en parte, tranquilizadora, sin embargo, en los temas ambientales tuvieron poco que decir. Se limitaron a explicar que el embalse “es agua, por lo tanto, es vida”. Destacaron los heroicos trabajos para completar la cartografía en la región y defendieron el proyecto, indicando que responde a una visión de largo plazo. Sin embargo, esa visión esconde, según un investigador brasileño, la intención de penetrar en territorio boliviano y extraer riquezas como la madera.
¿Nos beneficia?, es una de las preguntas que se formulan los especialistas. Los investigadores dicen que el gran beneficiado será Brasil y la gran endeudada, Bolivia.
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