Una nueva normativa en materia de electricidad debería considerar aspectos como, el aprovechamiento de las energías renovables, la generación distribuida, hacer un fuerte énfasis en lo que significa la eficiencia energética, el uso racional de la energía, y el acceso universal a la electricidad, aspectos que no se contemplan de ninguna manera en la actual Ley 1604, sostiene Miguel Fernández, director de la institución Energía para el Desarrollo (Energética).
Para Fernández, la actual normativa de electricidad aprobada en el año 1994 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, tiene un enfoque básicamente de mercado, es decir de oferta y demanda, donde el Estado es simplemente un regulador, además de no adecuarse a la realidad actual del país, pues está vigente desde hace 17 años.
“El sector eléctrico en general estaba en manos del sector privado, se promovía mucho la participación privada, el Estado se reservaba un papel fiscalizador y regulador. A partir del cambio de gobierno en la nueva Constitución, el Estado boliviano es el actor por excelencia en el campo energético (electricidad e hidrocarburos) y tiene reservado para sí todo lo que significa la producción, la gestión, la distribución de lo que es energía”, dijo a tiempo de aclarar que no existe una relación entre la nueva CPE y la Ley de Electricidad.
Indicó que la Ley 1604 considera a la electricidad, conceptualmente, como un insumo más de las actividades productivas y domésticas, mientras que en la nueva CPE la electricidad es parte de los servicios básicos y es obligación del Estado proveer el acceso a este servicio básico de manera universal. En este sentido, el Gobierno está implementando el “Programa Electricidad para Vivir con Dignidad”, la tarifa Dignidad y otros; sin embargo, advirtió que en la ley vigente, no existen los mecanismos operativos para el suministro de energía a todos los bolivianos, puesto que la normativa actual, totalmente descontextualizada, responde a una filosofía de mercado, donde sólo los que pueden pagar este servicio tienen acceso.
Asimismo, expresó que otra falencia de la actual Ley de Electricidad es que no acompaña el cambio de la matriz energética, uno de los objetivos de la actual gestión de gobierno, debido a que pasar de una matriz energética convencional a una matriz energética sostenible implica generar electricidad a partir de recursos renovables como el viento, el agua, el sol, entre otros, y la Ley 1604 no fomenta la producción de energías renovables.
“Si no se toman en cuenta los elementos mencionados y mientras siga vigente la Ley 1604, se puede estar restringiendo las oportunidades que existen para generar más energía de manera limpia, para llegar a toda la gente con electricidad y para encontrar mecanismos que nos permitan hacer un uso racional de la electricidad en el país”, advirtió.
APROVECHAR LAS ENERGÍAS RENOVABLES
En relación a las energías renovables, Fernández manifiesta que la Ley 1604 debería priorizar el despacho económico bajo una lógica razonable desde el punto de vista económico pero que permita, además, aprovechar los recursos naturales de manera integral y cuando estén disponibles. Es decir, plantea utilizar las renovables no solamente en horas pico sino de manera permanente.
¿Pero qué es el despacho económico?. De acuerdo a explicaciones de Fernández, significa que la energía eléctrica que se usa siempre es por orden de precio. En este sentido, advirtió que primero se utilizan las energías más baratas y luego las energías más caras, que entran el menor tiempo posible y en horas pico, lo cual considera razonable, pero también limitante, puesto que de esta manera las energías renovables no se pueden utilizar en momentos de su producción, como el caso de la energía eólica, que para su generación depende de factores climatológicos.
Expresó también que 1 kilovatio hora (kWh) que se genere con viento o con sol siempre va a ahorrar 1 kWh que se pueda generar con gas o diésel. “Adicionalmente, un kilovatio hora que se genere con sol, con viento o con agua, va a evitar quemar gas natural para generar ese mismo kilovatio hora y es mucho más rentable exportar ese volumen de gas a Brasil o Argentina que quemarlo para generar un kilovatio hora de electricidad, porque nos pagan entre 7 y 10 dólares por millar de metros cúbicos de gas, mientras que aquí vamos a registrar solo 1,3 dólares por millar de pies cúbicos para generar electricidad”, dijo a tiempo de destacar que, de esta manera, se incrementarían los ingresos del país y el sector eléctrico sería más sostenible.
AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN
Según Fernández, la Ley de Electricidad debería considerar adecuadamente el tema de la planificación del sector eléctrico a corto, mediano y largo plazo, para no tener que afrontar luego apagones de luz y tener que resolver problemas de este tipo sin tener una visión clara y estratégica de cómo está funcionando o de cómo va a funcionar el sector en el futuro.
“Es necesario prever inversiones, planificar infraestructuras, diseñar proyectos, entre otros, de manera que llegado el momento tengamos las respuestas y no estemos correteando para ver como resolvemos el problema inmediato”, expresó.
En este sentido, explicó que la generación, transmisión y distribución de electricidad es más un problema de inversiones que no se han realizado oportunamente, así como también responde a temas de planificación, de crecimiento y de expansión del sector eléctrico.
“En este caso, se puede decir que hay cierta responsabilidad de parte de la Ley, porque dejaba abierto el crecimiento del sector justamente a las fuerzas del mercado, entonces se decía que si va a haber demanda de electricidad las empresas van a invertir para tener una oferta que responda a la demanda, ahí se regula el crecimiento del sector, pero había solamente una planificación de tipo indicativo y lo que se necesita ahora es una planificación mucho más sólida en lo que significa el sector eléctrico para evitar lo que está pasando en el país”, expresó.
RESERVAS DE ELECTRICIDAD EN RIESGO
Si bien la capacidad de gestión del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) es alta y permite satisfacer la demanda de electricidad en el SIN, también es oportuno advertir que la situación es precaria y de riesgo en cuanto a la generación, actualmente se está operando con márgenes de reserva muy pequeños, inferiores a los recomendados internacionalmente, manifiesta un artículo elaborado por el director de Energética, Miguel Fernández, y el ingeniero eléctrico, Carlos Yudin Pozo.
En este marco, los autores del mencionado artículo cuestionan: ¿Qué hacer ante una situación de riesgo de reserva?. De acuerdo con el documento, el incremento del margen de reserva es una prioridad, en la cual la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), a través del plan de emergencia, se encuentra abocada a su atención y quiere incrementar 160 MW a la oferta de potencia.
Refieren que normalmente los meses de mayor demanda en el país son agosto, septiembre y octubre y la instalación de los nuevos equipos generadores está prevista para el mes de octubre, justo al final del periodo crítico. ¿Y si existe un retraso?, cuestionan y aclaran que en este momento la responsabilidad no sólo se encuentra en el lado de la generación, sino también en el lado de la distribución y del consumo.
En este sentido, proponen la necesidad de un plan de contingencia y enumeran diferentes aspectos, como una agresiva campaña de ahorro de electricidad, el diseño de un plan estratégico de alivio de cargas, la participación del sector privado y una planificación adecuada del sector eléctrico.
CAMPAÑA AGRESIVA DE AHORRO DE ELECTRICIDAD
En este momento, puede ser mucho más rápido lograr una reducción de la demanda que un incremento en la potencia, según los autores de dicho artículo. Agregan que si, adicionalmente, se acompaña de una política adecuada de incentivos, una medida de este tipo podría significar el inicio de un verdadero programa de eficiencia energética, dando continuidad al DS No. 29466 de 5 de Marzo de 2008 que crea el Programa Nacional de Eficiencia Energética y que al momento solamente ejecutó el cambio de lámparas incandescentes por eficientes, quedándose sin mayor actividad pública, indican.
Refieren que una carga molestosa, por ejemplo, son las duchas eléctricas, y en el caso del Oriente varios estudios sobre gestión de la demanda han mostrado indicios que contribuyen de manera sensible a incrementar el pico de la demanda. En ese sentido, los autores expresan que un racionamiento voluntario en el uso de estos implementos eléctricos puede contribuir, mientras se logre soluciones más estructurales como por ejemplo promover el uso de energía solar para calentamiento de agua de uso doméstico.
Asimismo, Fernández dijo que se podría limitar el uso de la iluminación de tipo publicitario y ornamental. Por ejemplo, mencionó que cada gigantografía consume de 3 a 5 kilovatios, consumo que si se multiplica por todas las gigantografías que existen en el país se puede ahorrar algunos megavatios.
DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE ALIVIO DE CARGAS
De acuerdo con el Plan de Contingencia propuesto por Fernández y Yudin Pozo, las empresas distribuidoras deberían elaborar un plan de alivio de cargas que responda de manera estratégica a objetivos sociales, económicos y técnicos y no esperar que suceda la emergencia para cortar el suministro a quienes en ese momento se consideren menos importantes.
“Un plan de alivio de cargas debería responder a criterios básicos que permitan priorizar las cargas de electricidad, respondiendo preguntas como: ¿Es más importante proveer electricidad a una industria o a la iluminación publicitaria y ornamental?. ¿Sacar de servicio alimentadores rurales?. ¿Cuáles y por qué?. ¿Desenergizar escuelas, hospitales o centros comerciales?. ¿Qué tipo de instituciones tienen generadores de respaldo y en cuáles se debería al menos sugerir que los coloquen?”, dice el documento.
Es decir, que se estructure un plan considerando los costos económicos y financieros de la falta de energía eléctrica en caso de falla, sostiene. “Estudios internacionales muestran que los costos de falla se pueden encontrar en un rango de 1,5 $US/kWh hasta 5 $US/kWh. ¿Cuáles son los costos en Bolivia?”, cuestiona.
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
El sector privado empresarial puede tener una capacidad de respuesta muy alta, y en este caso es posible adquirir grupos termogeneradores a gas de potencias medianas entre 2 y 5 MW de tipo “contenedor” que pueden ser instalados en corto plazo; sin embargo, para esto es necesario que exista una política definida al respecto, de manera que existan reglas claras de retribución de la inversión y/o tarifas especiales, señala el informe.
Indica que otra forma de participación del sector privado puede ser a través de la reprogramación de actividades industriales, cuidando de no incrementar la demanda en horarios de punta, o la activación de manera programada del parque actual de equipos de emergencia que tienen varias industrias e instituciones, las cuales podrían eventualmente autoabastecerse de energía en horario crítico. “Así se reduciría en algunas decenas de megawatts la demanda, lo que puede significar un aporte valioso a la seguridad del sistema”, expresa.
“Obviamente habrá que discutir las formas de relacionamiento y, esto implica que se trabaje en un plan de emergencia consensuado con el sector privado donde las empresas distribuidoras jueguen un rol líder”, agrega.
PLANIFICACIÓN ADECUADA DEL SECTOR ELÉCTRICO
El documento afirma que la actual situación muestra que a pesar de todos los esfuerzos realizados hasta la fecha, la planificación del sector eléctrico aún debe mejorarse. En este sentido, advierte que los grandes planes y los megaproyectos de miles de megawatts destinados a dar un salto cualitativo en el sector, no deben apantallar y soslayar las necesidades internas de electricidad del país.
Por otro lado, refiere que la necesidad de contar con planes de contingencia es vital, tal como se ha demostrado en la actualidad, cuando el retraso en el ingreso de Guaracachi con 80 MW en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) coloca al país al borde de la crisis.
“No es con anuncios que aparecen las reservas de electricidad. Es necesario un proceso cuidadoso de planificación, amplio, participativo y con los actores relevantes, el que apuntalará los conceptos de generación distribuida, seguridad energética, confiabilidad y economía”, asegura.
Fernández concluye que de no tomarse acciones coordinadas es previsible que una vez más los ajustes de la crisis de suministro de electricidad vuelvan a afectar a los menos favorecidos: los pobres de los barrios marginales de las ciudades, los pequeños poblados de las áreas rurales, las comunidades recientemente beneficiadas con proyectos de electrificación rural, generando un contexto quizás involuntario, pero de inequidad e injusticia real.
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La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) anunció que pondrá en ejecución, desde octubre próximo, el Plan Energía Sostenible (PES Bolivia 2011-2020) que comprende inicialmente dos programas. El primero consiste en la instalación de unidades termoeléctricas a gas natural hasta fin de año y el otro de centrales hidroeléctricas y geotérmicas con recursos renovables.
Recientemente, ENDE indicó que ponía en ejecución un plan de emergencia, ante la baja reserva de energía, para la instalación de termoeléctricas. “Hemos elaborado un plan serio de proyectos e inversiones que garantizan el incremento paulatino y anual de la potencia al Sistema Interconectado Nacional, el mismo que nos permitirá contar con un sistema altamente confiable, continuo y seguro hasta el año 2020”, dijo Nelson Caballero, gerente de ENDE.
Este conjunto de unidades térmicas demandará una inversión que supera los 300 millones de dólares que serán financiados por el Banco Central de Bolivia (BCB).
El PES Bolivia 2011-220 incorpora en su primera fase la ejecución de todas las unidades termoeléctricas del Programa Estratégico de Abastecimiento de Electricidad y en una segunda etapa (mediano plazo) la operación de proyectos hidroeléctricos y geotérmicos del Programa Energías Renovables (PER) con el uso intensivo y predominante de energías renovables.
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En Cochabamba, 12 escuelas del área rural cuentan con energía eólica solar, un proyecto ejecutado en el marco del proyecto Euro-Solar, financiado por la Unión Europea, que en todo el país beneficia a 7.962 familias de zonas empobrecidas de 59 comunidades.
Los 12 establecimientos están ubicados en los municipios de Anzaldo, Mizque, Vila Vila, Totora, Pojo, Independencia, Tacopaya, Independencia y Alalay. Fueron beneficiados, cada uno, con cinco computadoras y equipos como una nevera para vacunas y un purificador de agua.
En su etapa final, que concluye en marzo del próximo año, el programa pretende dotar a las escuelas beneficiadas de Internet. “Para el año 2011 se tiene como meta la instalación y funcionamiento de los 59 telecentros en el país”, dijo el administrador del programa Euro-Solar en Bolivia, Jacques Alcoba.
Para el ejecutivo, la generación de energía ecológica (eólica y solar) es una de las alternativas para afrontar la crisis energética que vive el país. “Una de las ventajas de este tipo de energía es que no utiliza recursos no renovables, las hidroeléctricas, los molinos (energía eólica) y los paneles solares no agotan los recursos”, dijo.
VILA VILA
La coordinadora del programa Euro-Solar, Gabriela Hurtado, dijo que la evaluación fue positiva y que permitirá realizar ajustes. “El municipio estrella se encuentra en Cochabamba y es Vila Vila, que cumplió a cabalidad todo lo exigido por el programa, como es dotar de un ambiente propio para los equipos”, explicó.
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Su alto costo y la falta de legislación impiden el ingreso masivo de las tecnologías de energía renovable en el país, pero fuera de ello existe la viabilidad técnica, social y ambiental para aplicarlas, según el investigador Juan Pablo Alcócer.
Aunque las energías de fuente solar, eólica, biomasa, hidráulica y geotérmica son relativamente nuevas para Bolivia, las perspectivas de su aplicación son importantes si se considera la situación de déficit de generación de electricidad a través de las fuentes convencionales (hidrocarburos, carbón, gas).
El ingeniero industrial con especialidad en energías renovables Juan Pablo Alcocer dice que las fuentes convencionales son cada vez más escasas y tienen costos crecientes, sin contar con los daños causados al medioambiente con los gases de efecto invernadero.
Por eso, en su criterio, existe una viabilidad técnica, social y ambiental para aplicar las tecnologías de energía renovable con el propósito de generar electricidad para uso interno de país. A nivel social, las comunidades indígenas y campesinas alejadas de los centros urbanos se verían beneficiadas, mientras que a nivel ambiental se evitaría la contaminación con la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.
El factor económico es el que más límites supone, dice Alcocer, quien admite que las energías renovables son relativamente más caras que las convencionales, aunque tienden a un abaratamiento de sus precios. Actualmente se cuentan en Bolivia numerosas instalaciones de energía solar, hechas con base en inversiones privadas o subvenciones de organizaciones no gubernamentales. En 2010 se contabilizaron 5.000 nuevas instalaciones de energía solar, aunque también se tiene artefactos que combinan la solar y eólica en los lugares donde no llega la red eléctrica.
Entre los planes y proyectos para la expansión de las energías renovables, Alcocer apunta los siguientes: la futura aprobación de la hidroeléctrica Cachuela Esperanza para producir 900 megavatios (MW), el proyecto Angosto de El Bala con 1.600 MW, Rositas con 400 MW en Santa Cruz. “Si solo se explota el potencial hidráulico, la energía sobraría y tendríamos incluso para exportar a Brasil”.
Otros proyectos para generar energía a partir del bagazo de la caña de azúcar en Santa Cruz y la geotermia en el Campo Sol de Mañana cerca de los salares, además de proyectos piloto de energía eólica, están esperando. “La política actual está bien orientada, solo falta la ley de electricidad que regule a cada tipo de energía para que cada privado vea las posibilidades de inversión, recuperación de capital, etcétera”, dice Alcocer.
¿Pero cuán alternativas son estas energías si los ambientalistas han calculado grandes inundaciones en el caso de las hidroeléctricas? Alcocer asegura que cualquier construcción nueva afecta al ecosistema con consecuencias para la fauna, flora y las poblaciones humanas, pero en su criterio se debe comparar las consecuencias de estas energías con los efectos causados por las energías convencionales, cuyos resultados son evidentes en cuanto a contaminación de la atmósfera.
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Artículo sobre la entrevista que me hicieron para el PIEB (Periódico digital de Investigación sobre Bolivia)
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La experiencia de los chilenos para llegar a la aprobación de HydroAysén, no es única, es parte de un debate mundial que refleja las experiencias en diversos puntos del orbe, sus costos y beneficios. Casi la mitad de los ríos en el mundo albergan una gran represa, las cuales generan el 19% de la energía eléctrica del planeta.
La Comisión Mundial de las Represas hizo un estudio de más de 125 embalses en dos años. El año 2000 publicó un reporte, concluyendo que "las represas han hecho una gran contribución al desarrollo humano, y de ellas se han derivado beneficios considerables. (Sin embargo) se ha pagado un inaceptable y frecuentemente innecesario precio para garantizar esos beneficios".
Resuelven que dependerá de cómo se realice el proceso si los beneficios superan las desventajas de un proyecto de estas características. Según ellos, es necesario involucrar a todos los interesados, "lidiar con intereses competitivos y resolver conflictos de una manera positiva".
Dicen que un proceso inclusivo y abierto es necesario "para incrementar la efectividad de los proyectos de agua y energía – mediante la eliminación de iniciativas inadecuadas en una etapa temprana, ofreciendo únicamente aquellas opciones en que los principales interesados estén de acuerdo en que son las mejores para sus necesidades".
"NECESITAMOS ENERGÍA PARA CRECER"
La principal razón para construir una represa hidroeléctrica es la necesidad de generar más energía para una población o una industria. Sin embargo, sus detractores sostienen que los proyectos hidroeléctricos no son las únicas opciones, ni las más eficientes.
En Brasil, el presidente Luís Inacio 'Lula' da Silva aprobó Belomonte, un proyecto hidroeléctrico ubicado en la Cuenca de las Amazonas (Norte de Brasil), identificado como el proyecto hidroeléctrico más controversial del mundo, citando la gran necesidad energética que tiene ese país.
Lula se oponía inicialmente al proyecto, pero cambió su posición después de que el país sufrió grandes apagones de energía periódicos y enfrentó una gran crisis energética en 2001, cuando se pedía a dos tercios de los brasileños reducir en un 20% su consumo de energía durante seis meses.
El grupo de apoyo internacional indígena y medioambiental Amazon Watch critica el proyecto Belomonte diciendo que será ineficiente por el costo, produciendo "únicamente el 10% de su capacidad instalada de 11.323 (MW) durante la temporada de sequía de 3 a 5 meses". Además, citó un estudio publicado por el Fondo Mundial por la Fauna y Flora (World Wildlife Fund), en el cual se dice que Brasil podría invertir en rendimiento energético y reducir su demanda proyectada para la energía en un 40% antes de 2020, lo que equivale a 14 veces lo que producirá Belomonte.
En Chile existe el mismo debate, los proponentes valoran el proyecto de Hydroaysén, citando un estudio de la Universidad de Chile que señala que en los próximos 20 años la demanda eléctrica se triplicará de 7,5 mil megavatios (MW) a cerca de 22 mil MW. Hoy, la potencia instalada del Sistema Interconectada Central (SIC) suma a 12.704 MW. Sin embargo, los críticos exponen que a Chile le falta aprovechar las energías renovables no convencionales, como la geotérmica, eólica e hidráulica.
"LAS REPRESAS DAÑAN EL MEDIOAMBIENTE"
Originalmente citada por el gobierno chino como una hazaña de ingeniería histórica, después de su construcción, el Ejecutivo admitió que la represa Las Tres Gargantas (la represa más grande del mundo) ha causado problemas relacionados con "el bienestar de los residentes reubicados, la protección ambiental, la prevención de desastres geológicos" y la contaminación del agua "que deben ser resueltos de forma urgente". En este momento hay una escasez de agua potable que afecta ocho provincias en un área de 633 kilómetros cuadrados.
Después de la construcción, los residentes reubicados han sufrido un aumento significativo de derrumbes y temblores que muchos científicos atribuyen a la represa, incluso el terremoto de 2008 de 7,9 en la escala Richter que mató más de 70 mil personas.
La represa Kariba, construida en la década de los '50 en el Río Zambezi, entre Zambia y Zimbabwe (África del Sur), ha ocasionado muchos terremotos debido al tamaño y peso del embalse, 20 de ellos sobre el grado 5 en la escala Richter.
Más de 57 mil personas fueron desplazadas, un evento que empeoró drásticamente sus vidas. Perdieron su sustento, enfrentan escasez de agua, y también su cultura y maneras tradicionales de vivir, según afirma Boniface Mutale, director de Basilwizi Trust, una organización sin fines de lucro que trabaja con las comunidades reubicadas y continúa haciendo campaña por lograr indemnizaciones para las familias afectadas.
Por otro lado, los proponentes sostienen que las represas hidroeléctricas producen energía más limpia y renovable que otras, como combustibles o carbón. Según un reporte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cada teravatio de energía hidroeléctrica por hora que remplaza energía termoeléctrica reduce un millón de emisiones de carbón por año.
"LAS REPRESAS APORTAN DESAROLLO ECONÓMICO A LA REGIÓN"
Aunque la reubicación siempre es difícil para los residentes, los a favor de las represas añaden que el desarrollo económico de estos proyectos equilibraría las dificultades de la reubicación de la población. Además de los trabajos creados directamente por la construcción y la gestión del embalse, en otros proyectos han incrementado industrias de pesca y turismo, según sostienen.
El comunicado de impacto medioambiental de HydroAysén, por ejemplo, destaca el potencial para cambios en el turismo y la industria pesquera, entre otros, y menciona también que esto "fortalece la posibilidad de un amplio desarrollo económico en la región".
Según la experiencia de Kariba, había efectos positivos no esperados, como una floreciente industria turística, la cual se ha desarrollado en torno al embalse, basado en el deporte acuático, la fauna y flora, y a la infraestructura construida en torno a esa represa. Ha ayudado a desarrollar también una fuerte industria pesquera en torno al lago.
No obstante, los críticos sostienen que muchas veces estas industrias no benefician a las comunidades originales. En el caso de Kariba, los residentes locales carecen de capital y conocimientos para aprovechar estas industrias.
Tampoco es seguro que las industrias nuevas indemnicen por las industrias perdidas debido a la represa. Ted Scudder, autor del libro 'El Futuro de las Grandes Represas', anota que el éxito de la industria pesquera es a corto plazo, y en muchos casos con descensos de productividad de más del 50% después de los primeros años.
La Patagonia cuenta con una fuerte industria turística, que mantiene más de 37 mil trabajadores en la región, según el Servicio Nacional de Turismo Chile (Sernatur), basado en su naturaleza pura e intacta, las represas amenazan con dañar esta industria de manera permanente.
En cada gran proyecto siempre hay efectos no previstos. Por eso el interés de la Comisión Mundial de las Represas, que le dio importancia al trámite de evaluar y aprobar proyectos de represas y de involucrar a todos los interesados e interesadas para asegurar que el proyecto tenga el mejor resultado.
En el caso de HydroAysén, las manifestaciones recientes y críticas de varios sectores demuestran que quedan muchas dudas sobre el valor y necesidad del proyecto, además de la certeza del impacto ambiental, económico y social que generará en la Patagonia.
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Algunas buenas noticias sobre la energía: gracias al aumento de los precios del petróleo y al deterioro de las condiciones económicas de todo el mundo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) informa de que la demanda global de petróleo no aumentará este año tanto como se había estimado, lo que podrá asegurar un cierto alivio temporal de los precios en el surtidor de gasolina. En su Informe sobre el Mercado Del Petróleo de mayo, la AIE redujo su cálculo para 2011 del consumo global de petróleo en 190.000 barriles por día, ubicándolo en 89,2 millones de barriles. Como resultado, los precios al por menor podrían no llegar a los niveles estratosféricos predichos para este año, aunque sin duda seguirán siendo más elevados que nunca desde los meses pico de 2008, justo antes de la catástrofe económica global. Recordad que estamos hablando de las buenas noticias. En cuanto a las malas noticias: el mundo enfrenta un surtido de problemas energéticos difíciles que, en todo caso, han empeorado en las últimas semanas. Estos problemas se están multiplicando a ambos lados de la división geológica clave de la energía: bajo la superficie, reservas otrora abundantes de petróleo “convencional”, gas natural y carbón, fáciles de conseguir, se están acabando; sobre la superficie, los errores de cálculo humanos y la geopolítica limitan la producción y la disponibilidad de suministros específicos de energía. Ya que los problemas aumentan en ambos terrenos, nuestras perspectivas energéticas se están reduciendo.
Existe un simple hecho sin el cual el agravamiento de nuestra crisis energética no tiene sentido: la economía mundial está estructurada de manera que no es una opción que nos quedemos donde estamos en la producción de energía. Con el fin de satisfacer las asombrosas necesidades de potencias industriales más antiguas como EE.UU., junto con la voraz sed de potencias ascendientes como China, la energia global tiene que aumentar sustancialmente cada año. Según las proyecciones del Departamento de Energía de EE.UU. (DoE), la producción mundial de energía, basada en los niveles de 2007, debe aumentar un 29% a 640 cuatrillones (1024) de unidades térmicas británicas hasta 2025 para satisfacer la demanda prevista. Incluso si el uso crece algo más lentamente de lo proyectado, cualquier problema en la satisfacción de los requerimientos del mundo produce una percepción de escasez, lo que también significa un aumento de los precios del combustible. Son precisamente las condiciones que vemos actualmente y que debemos esperar en el futuro indefinidamente.
Ante este trasfondo, tres tendencias cruciales de 2011 cambian la manera en la que probablemente viviremos en este planeta durante el futuro previsible.
1. Los rebeldes y el “petróleo difícil”
El primer choque energético del año, y todavía el más trascendental, fue la serie de eventos precipitados por las rebeliones tunecina y egipcia y la consiguiente “Primavera Árabe” en el amplio Medio Oriente. Ni Túnez ni Egipto eran grandes productores de petróleo, pero las ondas de choque políticas que desataron esas insurrecciones se han extendido a otros países en la región que sí lo son, incluyendo a Libia, Omán y Arabia Saudí. Por ahora, los regímenes de Arabia Saudí y Omán parecen controlar estrictamente las protestas, pero la producción libia, que normalmente promedia unos 1,7 millones de barriles por día, ha caído casi a cero.
Cuando se trata de la futura disponibilidad de petróleo, no se puede exagerar la importancia de los eventos de esta primavera en Medio Oriente, que siguen estremeciendo intensamente los mercados de la energía. Según todas las proyecciones de la producción global de petróleo, se estima que Arabia Saudí y los demás Estados del Golfo están destinados a abastecer una parte cada vez mayor del suministro total de petróleo del mundo ya que la producción en otras regiones clave disminuye. El logro de este aumento de la producción és esencial, pero no sucederá a menos que los gobernantes de esos países inviertan sumas colosales en el desarrollo de nuevas reservas de petróleo, especialmente la variedad pesada, de “petróleo difícil” que requiere una infraestructura mucho más costosa que los depósitos existentes de “petróleo fácil”.
En un artículo de primera plana titulado “Enfrentando el fin Del ‘Petróleo Fácil” el Wall Street Journal señaló que cualquier esperanza de satisfacer los futuros requerimientos de petróleo del mundo depende de la disposición de los saudíes a invertir cientos de miles de millones de dólares en sus restantes depósitos de petróleo pesado. Pero ahora mismo, enfrentados a una población que aumenta rápidamente y a las perspectivas de una revuelta juvenil al estilo egipcio, la dirigencia saudí parece tener la intención de utilizar su impresionante riqueza en programas de obras públicas generadoras de empleo y en vastos surtidos de armamentos, no en nuevas instalaciones de petróleo difícil; lo mismo vale en gran parte para los otros Estados petroleros monárquicos del Golfo Pérsico.
No se sabe si tales esfuerzos serán efectivos. El que una población juvenil saudí enfrentada a promesas de puestos de trabajo y dinero, así como a la feroz represión de la disidencia, haya parecido menos antagónica que sus equivalentes tunecinos, egipcios y sirios, no significa que el statu quo permanezca eternamente. “Arabia Saudí és una bomba de tiempo”, comentó Jaafar Al Taie, director ejecutivo de Manaar Energy Consulting (que asesora a firmas petroleras extranjeras que operan en la región). “No creo que lo que hace el Rey baste para impedir un levantamiento”, agregó, a pesar de que los gobernantes saudíes acababan de anunciar un plan de 36.000 millones de dólares para aumentar el salario mínimo, mejorar las prestaciones de desempleo y construir viviendas asequibles.
Actualmente, el mundo se puede adaptar a una pérdida prolongada de petróleo libio. Arabia Saudí y otros pocos productores poseen suficiente exceso de capacidad para compensar la diferencia. Sin embargo, si Arabia Saudí llegara a estallar, puede pasar cualquier cosa. “Si algo pasa en Arabia Saudí [el petróleo] llegará a costar entre 200 y 300 dólares [por barril], dijo Jeque Zaki Yamani, ex ministro del petróleo del reino el 5 de abril. “No lo espero por el momento, pero ¿quién hubiera esperado Túnez?”.
2. La energía nuclear cae por la pendiente
En términos de mercados de la energía, el segundo evento más importante en 2011 ocurrió el 11 de marzo cuando un terremoto inesperadamente fuerte y un tsunami afectaron a Japón. Para comenzar, el doble ataque dañó o destruyó una importante proporción de la infraestructura energética del norte de Japón, incluyendo refinerías, instalaciones portuarias, oleo y gasoductos, centrales eléctricas y líneas de transmisión. Además, por cierto, devastó cuatro plantas nucleares en Fukushima, lo que llevó, según el Departamento de Energía de EE.UU., a la pérdida permanente de 6.800 megavatios de capacidad de generación de energía.
Esto, por su parte, ha obligado a Japón a aumentar sus importaciones de petróleo, carbón, y gas natural, aumentando la presión sobre los suministros globales. Los analistas de la industria calculan que debido a la desconexión de Fukushima y otras centrales nucleares, lãs importaciones de petróleo japonesas podrían aumentar hasta en 238.000 barriles por día, y las importaciones de gas natural en 1.200 millones de pies cúbicos por día (sobre todo en la forma de gas natural licuado o GNL).
Es un importante efecto a corto plazo del tsunami. ¿Y los efectos a largo plazo? El gobierno japonés afirma que está descartando los planes para construir hasta 14 nuevos reactores nucleares durante las próximas dos décadas. El 10 de mayo, el primer ministro Naoto Kan anunció que el gobierno tendrá que “partir de cero” en la concepción de una nueva política energética para el país. Aunque habla de reemplazar los reactores anulados por sistemas de energía renovable como la eólica y solar, la triste realidad es que una parte significativa de cualquier expansión energética futura vendrá inevitablemente de más petróleo, carbón y GNL.
El desastre en Fukushima –y las consiguientes revelaciones de defectos de diseños y fallas en el mantenimiento de las plantas– ha tenido un efecto dominó, llevando a funcionarios de la energía en otros países a anular planes para construir nuevas plantas nucleares o extender la vida de las existentes. El primer país que lo hizo fue Alemania: el 14 de marzo, la canciller Angela Merkel cerró dos de las plantas más antiguas y suspendió los planes de alargar la vida de otras 15. El 30 de mayo, su gobierno decidió que la suspensión es permanente. Después de masivas manifestaciones antinucleares y un revés electoral, prometió cerrar todas las plantas nucleares existentes antes de 2022 lo que, piensan los expertos, llevará a un aumento en el uso de combustibles fósiles.
China también actuó rápido, al anunciar el 16 de marzo que dejará de otorgar permisos para la construcción de nuevos reactores mientras se realiza una revisión de los procedimientos de seguridad, aunque no excluyó por completo esas inversiones. Otros países, incluidos India y EE.UU., también iniciaron revisiones de los procedimientos de seguridad de los reactores, lo que pone en peligro ambiciosos planes nucleares. Luego, el 25 de mayo, el gobierno suizo anunció que abandonará sus planes de construir tres nuevas plantas de energia nuclear, eliminará la energía nuclear, y cerrará la última de sus plantas en 2034, sumándose a la lista de países que parecen haber abandonado para siempre la energía nuclear.
3. La sequía estrangula la energía
El tercer acontecimiento importante para la energía en 2011, aunque conectado de forma menos evidente a la energía que los otros dos, há sido una serie de persistentes sequías, a menudo de un impacto récord, que afectan a muchas áreas del planeta. Generalmente, el efecto más inmediato y dramático de una sequía prolongada es una reducción de la producción de grano, llevando a los alimentos a precios cada vez más elevados y a una mayor agitación social.
Las intensas sequías del año pasado en Australia, China, Rusia, y en parte de Medio Oriente, Suramérica, EE.UU., y hace poco en Europa septentrional, han contribuido al actual precio récord de los alimentos. Y esto, por su parte, ha sido un factor clave en el descontento político que ahora se extiende por el Norte de África, África Oriental, y Medio Oriente. Pero la sequía también tiene efecto sobre la energía. Puede reducir el flujo de importantes sistemas fluviales, llevando a una disminución en la producción de las plantas de energía hidroeléctrica, como sucede actualmente en varias regiones afectadas por la sequía.
De lejos, la mayor amenaza para la generación de electricidad está en China, que sufre una de las peores sequías de todos los tiempos. Los niveles de precipitación pluviométrica de enero a abril en la cuenca del Yangtsé, el río más largo y de mayor importancia económica de China, han sido un 40% más bajo que el promedio de los últimos 50 años según China Daily. Esto ha llevado a una importante disminución en la energía hidroeléctrica y auna grave escasez de electricidad en gran parte de China central.
Los chinos están quemando carbón para generar electricidad, pero las minas del interior ya no satisfacen las necesidades del país y por lo tanto China se ha convertido en un gran importador de carbón. El aumento de la demanda junto a un suministro inadecuado ha llevado a un aumento vertiginoso de los precios del carbón, y al no haber un incremento comparable en los precios de la electricidad (fijados por el gobierno), numerosos servicios públicos chinos están racionando la energía en lugar de comprar más carbón caro y operar con pérdidas.
Como reacción, las industrias están aumentando su dependencia de generadores de reserva que usan diesel, lo que por su parte aumenta la demanda de petróleo importado a China, incrementando aún más La presión sobre los precios globales de combustible.
Destruyen el planeta
Y ahora llega junio con la continuación de las turbulencias en Medio Oriente, una perspectiva sombría para la energía nuclear y una grave escasez de energía en China (y posiblemente en otras partes). ¿Qué más vemos en el horizonte energético global?
A pesar del pronóstico de la AIE de una futura disminución del consumo de petróleo, la demanda global de energía sigue superando los aumentos en suministro. Todo parece indicar que este desequilibrio seguirá existiendo.
Consideremos el petróleo. Un número creciente de analistas de la energía está ahora de acuerdo en que la era del “petróleo fácil” há terminado y que el mundo debe depender cada vez más del “petróleo difícil”, arduo de conseguir. Muchos suponen, además, que el planeta contiene una gran cantidad, a gran profundidad bajo tierra, lejos mar adentro, en problemáticas formaciones geológicas como las arenas bituminosas de Canadá y en el Ártico en deshielo. Sin embargo, La extracción y el procesamiento del petróleo difícil serán aún más costosos e implicarán riesgos considerables para los seres humanos, pero aún más para el medio ambiente. Recordad: El desastre del Deepwater Horizon de BP de abril de 2010 en el Golfo de México.
La sed de petróleo del mundo es tal que se extraerá a pesar de todo cada vez más petróleo, aunque no, probablemente, a un ritmo y a una escala necesaria para reemplazar la desaparición del petróleo fácil de ayer y hoy. Junto con la continua inestabilidad en Medio Oriente, este difícil paisaje petrolero parece apoyar expectativas de que el precio del petróleo no hará más que aumentar en los próximos años. En un sondeo de ejecutivos de compañías energéticas globales realizado en abril de este año por KPMG Global Energy Institute, un 64% de los encuestados predijo que los precios del petróleo crudo irán más allá de la barrera de los 120 dólares por barril; un 9%, entre 141 y 150 dólares por barril; y un 6%, sobre la marca de los 150 dólares.
El precio del carbón también ha aumentado considerablemente en los últimos meses, gracias al aumento de la demanda mundial debida a la contracción de los suministros de energía de las plantas nucleares e hidroeléctricas. Muchos países han lanzado esfuerzos significativos por impulsar el desarrollo de energía renovable, pero no avanzan con la rapidez necesaria o no tienen un nivel suficientemente grande como para reemplazar rápidamente antiguas tecnologías. El único punto positivo, dicen los expertos, es la creciente extracción de gás natural de esquistos bituminosos en EE.UU. mediante el uso de fracturación hidráulica.
Los partidarios del gas de esquisto afirman que puede suministrar una gran parte de las necesidades de energía de EE.UU. en los próximos años, mientras reduce realmente el daño al medioambiente en comparación con el carbón y el petróleo (ya que el gas emite menos dióxido de carbono por unidad de energía liberada); sin embargo, un coro creciente de oponentes advierte de la amenaza a los suministros de agua municipales planteado por el uso de productos químicos tóxicos en el proceso de fracturación. Esas advertencias han resultado suficientemente convincentes como para llevar a los legisladores en un número creciente de Estados a comenzar a colocar restricciones a la práctica, poniendo en duda la futura contribución del gas de esquisto al suministro de energía de la nación. También, el 12 de mayo, la Asamblea Nacional de Francia (la poderosa cámara baja del parlamento) votó por 287 contra 146 a favor de prohibir la hidrofracturación en Francia, convirtiéndose en la primera nación en hacerlo.
Los problemas ecológicos del gas de esquisto son a duras penas excepcionales. El hecho es que todas las estrategias consideradas actualmente para extender la duración de petróleo, carbón y gás natural involucran severos riesgos y costes económicos y medioambientales, como, claro está, lo hace el uso mismo de combustibles fósiles de cualquier tipo en un momento en el que las primeras cifras de la AIE respecto a 2010 indican que fue un año récord inesperado para la humanidad en cuanto a la cantidad de gases invernadero lanzados a la atmósfera.
En vista de que los inmensos campos petroleros fácilmente accesibles de Texas, Venezuela y Medio Oriente han sido consumidos o pronto estarán significativamente agotados, el futuro del petróleo depende de material de tercera clase como arenas bituminosas, petróleo de esquisto y crudo extra-pesado que requiere mucha energía para ser extraído, procesos que emiten más gases invernadero y que como en el caso de las arenas bituminosas causan estragos en el medioambiente.
El gas de esquisto es típico. Aunque existe en grandes cantidades, solo se puede extraer de formaciones subterráneas de esquisto mediante el uso de explosivos y de agua a alta presión mezclada con productos químicos tóxicos. Además, para obtener las cantidades necesarias de petróleo de esquisto hay que escavar muchas decenas de miles de pozos en todo el paisaje estadounidense y cada uno de ellos puede ser um desastre ecológico.
De la misma manera, el futuro del carbón dependerá de técnicas cada vez más invasivas y peligrosas, como la eliminación con explosivos de cimas de montañas y la dispersión del exceso de roca y de desechos tóxicos en los valles subyacentes. Cualquier aumento en el uso del carbón también acelerará el cambio climático, ya que el carbón emite más dióxido de carbono que el petróleo y el gas natural.
Y el resultado neto es: cualquier esperanza de que los suministros en crecimiento permanente de energía corresponderán a la demanda en los próximos años será defraudada. En vez de ello las escaseces recurrentes, aumentos de precios y un creciente descontento acompañarán probablemente el futuro energético del mundo.
Si no abandonamos la creencia en que el crecimiento ilimitado es nuestro derecho inalienable y apoyamos la auténtica promesa de la energía renovable (con el esfuerzo y la inversión necesarios que aseguren que un compromiso semejante tenga sentido), es probable que el futuro sea sombrío. Entonces, la historia de la energía, como la enseñarán en alguna universidad a fines del Siglo XXI, llevará la etiqueta de: “Cómo destruir el planeta 101”.
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En momentos de crisis energética la mirada curiosa se vuelca sobre las energías alternativas, ¿será posible su aplicación a futuro? El ingeniero eléctrico Miguel Fernández, de Energética, afirma que el suministro de energía renovable podría inyectar electricidad en el Sistema Nacional Interconectado.
El concepto de “generación distribuida”, manejado por Fernández, promueve la idea de generar energía, directamente, en el lugar de consumo, con múltiples beneficios para el sistema eléctrico: disminuyen las pérdidas de transmisión y distribución, libera capacidad del sistema, mejora la regulación y control de reservas, bajan los índices de fallas y, adicionalmente se incrementa la confiabilidad del suministro de electricidad, la calidad y el uso eficiente de la energía.
“En este momento podríamos tener generadores de electricidad con energía solar, eólica, etcétera, que puede inyectarse en las redes de baja tensión. Cualquier kilovatio/hora de energía que inyecte al Sistema Nacional Interconectado, significa que puede ahorrar un kilovatio/hora generado ahora o más tarde con una hidroeléctrica y/o termoeléctrica”, dice Fernández.
Según el experto, las energías renovables podrían convertirse, en un plazo relativamente corto, en un mecanismo que permita incrementar la cantidad de energía disponible en el país. Desde pequeños generadores en techos de las casas en las ciudades, hasta las microcentrales hidroeléctricas del área rural, podrían interconectarse fácilmente a las redes de distribución en baja tensión y generar una capacidad adicional, “pequeña pero significativa”, para paliar estos problemas de crisis de provisión energética.
Este proceso exigiría cambios en la tecnología de gestión de redes eléctricas, además de temas de medición, facturación, control de generación y estabilidad del sistema. Por ahora la ONG Energética dispone, dice Ferández, “quizás” del único generador fotovoltaico conectado a la red en el país y con casi dos años de funcionamiento, no ha reportado fallas ni problemas con la red. Es monitoreado permanentemente, y la información está abierta a quien quiera revisarla y usarla para simulaciones, estudios o investigaciones.
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Sectores empresariales sobre todo del oriente del país, con apoyo de transnacionales, ejercen una fuerte presión sobre el Gobierno nacional y el gobierno departamental de Santa Cruz para dar curso a la producción de biocombustibles, en especial, biodiésel, revela una investigación de Marco Octavio Ribera, difundida por la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA).
Advierte que los biocombustibles compiten con los alimentos a nivel mundial y hay tristes experiencias en países vecinos. Se aclara que al momento, y en el ámbito internacional, las oleaginosas como la soya pueden aportar sólo un 1 por ciento al mercado del biodiésel y el resto se destina al consumo de humanos y animales, sin embargo, la lógica expansión industrial a gran escala para producir biocombustibles, revertirá esa proporción, desplazando a las superficies de cultivos alimenticios tradicionales.
Se destaca que el año 2009 Bolivia no firmó el documento final de la V Cumbre de las Américas, realizada en Puerto España, debido a una cláusula a favor de los biocombustibles cuya producción es cuestionada por el Gobierno del presidente Evo Morales.
Sin embargo, en Santa Cruz, se anuncia el interés de empresas argentinas y brasileñas en invertir y transferir tecnología para el desarrollo de plantas de etanol o biodiésel, para lo cual se está buscando definir un apoyo del gobierno departamental, señala el estudio.
Esa iniciativa, agrega el estudio, se destinaría, en principio, a aliviar la inseguridad energética que aqueja al sector productor agropecuario y según la ANAPO (Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas), se busca trabajar con principios técnicos sostenibles, respetando la cobertura boscosa actual y desarrollando los cultivos con especies nativas no comestibles resistentes, que crecen en lugares casi áridos o no aptos para el cultivo de alimentos.
Se recuerda que a partir de la Ley de Biodiésel (Nº 3207), promulgada en septiembre del año 2005, se recibieron una docena de iniciativas para la fabricación de biodiésel, las cuales no prosperaron debido a la ausencia de una reglamentación. “El Gobierno nacional ha declarado que no quiere poner en riesgo la seguridad alimentaria, razón por la que no da curso al tema del reglamento”, agrega.
La ANAPO, añade, enarbola la promoción del biodiésel con el argumento de que permitirá salir de la dependencia del diésel, se generarán fuentes de trabajo, se reducirá la contaminación ambiental y se evitará la fuga de divisas.
En abril de 2009 se dio a conocer que un grupo empresarial del oriente, comenzó a sembrar productos para fabricar biodiésel. Ese año se afirmó que al norte de la región de Santa Cruz existen cerca de 300 hectáreas de plantaciones de prueba de productos que serán usados para producir biodiésel.
Un alto funcionario de la empresa Guabirá mostró el año 2009 un cultivo de cinco hectáreas de piñón manso, una planta aceitera que proveerá el fruto para el biodiésel. En marzo de 2009, el CIAT, tenía previsto contar con una planta modular de producción de biodiésel en la localidad de Saavedra, ubicada a 65 kilómetros al norte de Santa Cruz.
En Santa Cruz se impulsa la iniciativa incluso apelando a la vigencia de la autonomía, de modo que mediante una ley departamental se autorice la elaboración de biodiésel con el argumento de que ese producto vaya a garantizar las necesidades de diésel en esa región.
Ribera advierte que a mediados del año pasado, la CAINCO arremetió con las proyecciones de los biocombustibles, con una serie de estudios sobre la potencialidad y ventajas desde la alternativa energética e incluso recibió el apoyo de un diplomático brasileño quien afirmó que países como Bolivia debían seguir los pasos del Brasil en el tema del etanol y biocombustibles.
Otra de las posibilidades que exploran los impulsores del biodiésel es el uso de la palma africana en el norte de La Paz, el norte de Santa Cruz, el sur de Pando y especialmente en el Beni donde ya existen experiencias palmíteras en curso.
La Ley 3546 de fines de 2006, de reactivación del complejo agroindustrial de San Buenaventura, especifica las proyecciones de producción de palma africana para la elaboración de biodiésel, agrega.
A principios del año 2010 se informó también sobre una iniciativa del cultivo de palma africana en la hacienda Sara, ubicada en la provincia Ballivián del departamento del Beni, cuyo aceite puede ser utilizado como materia prima para la fabricación de biodiésel, reemplazando al diésel. La visión de ese proyecto es generar un polo de desarrollo en el sudoeste del Beni, en base al cultivo de ese producto.
DATOS.
Experiencias.
Para especialistas carece de fundamento la afirmación de que con los biocombustibles se genera más alimento. Esto es rebatido por diversas experiencias latinoamericanas, donde la seguridad alimentaria de regiones enteras se ha visto deteriorada por la expansión de los cultivos industriales de soya.
Argentina
Según LIDEMA la ampliación de los cultivos agroindustriales de soya en la Argentina ocasionó los años 2008 y 2009 un éxodo masivo de trabajadores rurales que antes conseguían empleo en medianas y pequeñas granjas de productos básicos.
Paraguay
En Paraguay, el avance de los monocultivos de la soya transgénica y de caña de azúcar se expresa en un compulsivo proceso de acaparamiento de las mejores tierras. Ese país destina 2.4 millones de hectáreas a la producción de soya, pero contempla alcanzar los 4 millones para cumplir con sus compromisos de venta a la Unión Europea.
VARIOS AÑOS DE PROMOCIÓN
A partir del año 2007 se lanza la promoción de las bondades de los biocombustibles desde sectores agroindustriales del oriente, con énfasis en el biodiésel y el etanol, señala una investigación sobre el tema en Bolivia, realizada por el investigador Marco Octavio Ribera. “Los mensajes inclusivos llegaron a todas partes, incluso a las tierras altas. Los biocombustibles se podían obtener de remolacha, tarwi, poroto, quinua, incluso de thola (arbusto resinoso del altiplano que se usa como leña) y de cualquier otro producto imaginable. En el caso de muchas de estas fuentes novedosas, la competencia con productos alimenticios y el impacto a la seguridad alimentaria era clara y evidente, situación que posteriormente los consorcios agroindustriales y el IBCE corrigieron y procuraron cambiar de discurso”.
Como resultado del debate a nivel mundial sobre el costo ambiental y social de producir biocombustibles, se desmiente la versión de que éstos son más limpios. “También carece de fundamento la afirmación de que con los biocombustibles se genera más alimento", afirma.
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El avance de las energías renovables en América Latina aumentará la demanda de metales como el cobre, que sólo podría ser cubierta mediante el reciclaje.
Las tecnologías alternativas, como las celdas fotovoltaicas, los aerogeneradores y los calentadores de agua solares, requieren de materiales como silicio, galio, indio, acero y cobre.
"Es posible que presione la demanda. Hay una discusión fuerte en torno a los materiales. Empiezan a aparecer otros que se vuelven estratégicos. En el momento en que los combustibles fósiles se acaban y se sustituyen por inversiones en tecnología renovable, el mineral se vuelve más importante que el petróleo, el gas y el carbón", dijo a IPS el presidente de la no gubernamental Energía, Tecnología y Educación (ENTE), Odón de Buen.
ENTE se dedica a apoyar a pequeñas y medianas empresas, así como a gobiernos municipales, en el uso de las mejores prácticas para la eficiencia energética.
De Buen es coautor, junto a otros expertos mexicanos y brasileños, del informe "Energías renovables para generación de electricidad en América Latina: mercado, tecnologías y perspectivas", patrocinado por la Asociación Internacional del Cobre (ICA, por sus siglas en inglés), gremio de la industria con sede en Nueva York.
El trabajo, enfocado en América Central, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, augura un rápido crecimiento de las energías renovables para 2020, año en que la demanda adicional de cobre de esos países oscilaría entre 57.850 y 111.820 toneladas.
"La energía eólica y de pequeñas hidroeléctricas representan 73 por ciento de la demanda total de cobre. Cuando se incluye la generación de electricidad a partir de biomasa proyectada, esas tres tecnologías alcanzan 86 y 93 por ciento de la demanda estimada de cobre para 2020", indica el documento.
En 2019, Brasil necesitará entre 39.940 y 44.440 toneladas adicionales, Argentina, entre 4.070 y 29.610 para 2020 y México, 5.860 para esa misma fecha.
"El reciclaje y el alza de precios pueden contribuir a disminuir la presión. Al poner más metal en el mercado, la oferta reduce el precio. Si hay déficit, los precios suben, y origina la sustitución de un metal por otro", explicó Alejandro Jaramillo, miembro del Buró Internacional de Reciclaje, asociación global que reúne a más de 800 empresas y más de 70 federaciones nacionales, con sede en Bruselas.
Las fuentes alternativas, sin incluir las grandes hidroeléctricas, responden por entre 2,5 a cinco por ciento de la capacidad total de electricidad de los países estudiados.
El informe indica que la biomasa es la principal fuente utilizada para la generación eléctrica, pues aporta 50 por ciento de la capacidad instalada renovable en América Latina, seguida por las pequeñas centrales hidroeléctricas (37 por ciento) y eólica (13 por ciento).
La producción eléctrica basada en biomasa –especialmente caña de azúcar y etanol- es fuerte en Brasil, Argentina y Colombia. Mientras, la mayor parte de la capacidad instalada de eoloenergía está localizada en Brasil, México y Argentina.
En México, 93 por ciento de la energía procede del consumo de combustibles fósiles, mientras que la restante es generada por viento, luz solar, vapor, agua y explotación nuclear. En este país se producen 850 megavatios de energía eólica, 20 de solar y 958 a partir de la geotermia.
Por otra parte, esta nación es pródiga en minerales metálicos, como plata, zinc, cobre y plomo, entre otros. La extracción de cobre llega a las 227.000 toneladas anuales. Mientras, importa cobre, aluminio, hierro, estaño y níquel de naciones como Canadá, Estados Unidos, Chile y Brasil.
El reciclaje podría alimentar al sector renovable con los metales necesarios, además de desacelerar la actividad minera, según los expertos. De hecho, el informe "Tasas de reciclaje de metales", del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advierte de que algunos metales fundamentales para la fabricación de tecnologías limpias podrían escasear por sus bajas tasas de reciclaje.
Si bien elementos como el hierro, el acero, el cobre, el aluminio, el plomo y el estaño presentan índices de entre 25 y 75 por ciento en el mundo, otros 34 materiales poseen porcentajes menores a uno, según el reporte.
"El reciclaje puede enfrentar el crecimiento. Hace años, reciclar algunas cosas era muy especifico, muy aislado. Pero hoy es una actividad importante en la economía. Acá se recicla poco. Hay robo y venta ilegal de cobre usado. Tiene que haber una evolución para aprovechar esto. El mundo va a llevar a ciclos cerrados de los materiales", dijo De Buen.
En México se reciclan metales como acero, aluminio, cobre, bronce, zinc y plomo, aunque el mayoritario es el aluminio, debido al alto consumo de bebidas y alimentos en lata.
"Es una industria muy joven y que está en proceso de maduración. Lamentablemente, mucho del metal se confina directamente en los basureros y ya no se recupera", indicó Jaramillo, cuya empresa, situada en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos, procesa 1.500 toneladas mensuales de cobre, aluminio, bronce y aceros inoxidables.
En México se generan unas 37 millones de toneladas de basura anuales, de las cuales tres por ciento son metales, según la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente, cuyo Directorio de Centros de Acopio de Materiales Provenientes de Residuos incluye a más de 150 recicladoras de metal.
ICA calculó que la generación solar fotovoltaica requiere de 8,8 kilogramos de cobre por kilovatio, la geotermia necesita cuatro, la eólica 2,5, la hidráulica dos y la biomasa 1,2.
El informe de ICA prevé que la energía eólica y la biomasa serán en la próxima década las tecnologías más importantes en los países analizados, y anticipa una significativa expansión de la primera en Argentina, Brasil y Chile y de la segunda en Brasil, Argentina, América Central, Colombia y Perú.
Para 2020, Brasil podría agregar 8.521 megavatios a su capacidad instalada de biomasa, y Argentina y México entre 200 y 8.000 y 1.724 en eoloenergía, respectivamente.
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Si usted fuera cachueleño, estaría harto del abandono de su pueblo, reducido a 1.600 habitantes que aún añoran la época de gloria de la goma. Ni una señal telefónica decente había en esta población hasta hace unos meses, y eso que en 1920 tuvo el hospital más moderno de Latinoamérica. Se entiende que la subalcaldesa Shirley Martínez diga que “Cachuela le ha dado mucho al país”. La palabra ‘futuro’, el sueño de más empleos y desarrollo está ligado a otra palabra: hidroeléctrica. Esa obra tiene la dimensión de un sueño. O de una pesadilla. Eso fue lo que se discutió durante dos días en un seminario internacional realizado hace dos semanas en Cochabamba. Fue organizado por el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (Ceadesc). Llegaron expertos de Perú y Brasil, que se sumaron a los de Bolivia para analizar todos los aspectos de este ‘megaproyecto’ que empezó a andar a paso firme el 27 de agosto de 2008. Ese día se firmó el contrato con la consultora Tecsult de Canadá. Se hizo en Cachuela Esperanza. La población no ocultaba la satisfacción de tener en ese lugar al presidente Evo Morales, el primero en visitar la zona.
Se trata de un ‘megaproyecto’ de $us 2.500 millones. El dinero no parece ser un problema, puesto que entre las posibilidades de financiamiento está el segundo banco más grande del mundo, el Bndes, según el experto Henjkan Laats, director de la fundación Puente Entre Culturas.
Cachuela Esperanza no es un proyecto aislado. Según Laats, es parte del llamado Complejo Río Madera. El diseño forma parte de un dibujo más grande, llamado Iirsa o Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Gustavo Soto, investigador del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, narró el origen de estos proyectos; recuerda que el Iirsa nació el 30 de agosto de 2000, en la primera cumbre de presidentes. Doce países acordaron construir proyectos para la ‘inserción subcontinental’. Las obras abarcan transporte, energía y comunicaciones, por $us 69.000 millones. Se han terminado 51 de estos proyectos y hay en ejecución 189. En ellos se invertirán $us 38.000 millones, además de los 103 proyectos en estudio, que costarán $us 17.000 millones. Toda Sudamérica está contemplada en los llamados ejes de desarrollo. Está el eje Andino, eje Escudo Guianés, eje Interoceánico central, eje Perú-Brasil-Bolivia (ver www.iirsa.org). Ahí está ubicado el llamado complejo Río Madera. La carretera bioceánica Brasil-Perú y el tramo del ferrocarril Uyuni-Santa Cruz forman parte de Iirsa. Este gran proceso en la Amazonia abarca Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Guayana Francesa y Surinam. Es una población de 33 millones de habitantes. Hay 1,6 millones de indígenas en 370 pueblos. Los proyectos Iirsa son ‘vendidos’ con frecuencia como ofertas electorales. En 2002 se mencionaba la gran carretera Paz Estenssoro (que conectará Pando con Tarija) como parte de la oferta electoral. Para Soto, se trata de una integración subordinada a Brasil, que oculta su carácter procapitalista y a su vez, una subordinación a mercados emergentes como China e India.
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¿UN ENGRANAJE MÁS?
El complejo Río Madera incluye las represas Santo Antonio y Jirau en territorio brasileño, la represa Ribeirao (proyecto binacional entre Bolivia y Brasil) y Cachuela Esperanza. Brasil empezó la construcción de Santo Antonio y Jirau sin preguntar a nadie, pese a que se trata de un proyecto conjunto. Bolivia tuvo que reclamar repetidas veces que se tome en cuenta el impacto de esas represas en su territorio. Ambas ya están en ejecución y sus estudios de impacto ambiental no consideran los efectos en el marco del Iirsa y ‘descuidan’ la afectación a cuatro estados brasileños, además de tierras indígenas. No en vano, una de las constructoras de Jirau, la francesa GDF Suez, es considerada una de las empresas más irresponsables del mundo. Ya hubo consecuencias. Murieron peces (11 toneladas) en 2008, hay gente que no quiere trasladarse y la malaria ha aumentado en un 200%. La criminalidad y la prostitución en Santo Antonio también se incrementaron. La experiencia en otras represas indica que aumentan el dengue, las parasitosis y las posibilidades de contaminación de peces con el mercurio que se deposita en los sedimentos.
LA PLATITA NO ES PROBLEMA
No hay datos precisos, pero en mayo de 2009 se estimó que 15 pueblos ribereños de Bolivia serán afectados por Cachuela Esperanza. No hay un estudio claro que indique lo que sucederá con especies endémicas y en peligro como el manicillo beniano, la chirimoya de pelos sedosos, el cayú de hoja blanca, el cayú del norte o el chocolatillo de gajo. El pacú y el dorado, especies migratorias e importantes para Bolivia y Brasil no se mencionan en ninguna parte de los estudios hasta ahora conocidos. Tampoco las especies de mamíferos de la zona. El investigador brasileño Guilherme Carvalho vive a 70 kilómetros de una de estas represas y afirma que los pescados que come son los que desovan en Bolivia. “Son peces que migran 3.700 kilómetros. Los compro en las ferias públicas en mi ciudad. El estudio no analiza nada de eso, sólo el área próxima a la represa. El estudio de impacto ambiental es un instrumento fallido”, asegura. Carvalho es un profundo conocedor de uno de los instrumentos de financiamiento más poderosos del mundo. Se trata del Bndes, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Después del Banco de China, el más grande del mundo, está el Bndes. Es cuatro veces más grande que el Banco Mundial, el BID y la CAF juntos. Sólo el año pasado desembolsó $us 100.000 millones en hidroeléctricas, empresas mineras, plantas de celulosa y en el sector automovilístico.
Recientemente, Brasil cambió su legislación para que sus empresas públicas puedan actuar en países vecinos. Ejemplo: Electrobras está involucrada en la construcción de 15 hidroeléctricas en Perú. El Bndes es el brazo operativo para que los países vecinos de Brasil integren su infraestructura para ser más competitivo.” Por eso Bndes otorga créditos a empresas brasileñas para que se conviertan en transnacionales. Un ejemplo de la penetración de empresas apoyadas por el Bndes es lo sucedido en Argentina. Hace dos años, Brasil tenía cien empresas en ese país. Cristina Kirchner levantó las barreras para la instalación de empresas brasileñas y hoy existen 270 empresas brasileñas en territorio argentino. “Estamos en un proceso de cesión territorial al gran capital. Por eso hay reordenamiento de territorios. Las actividades productivas desarrolladas por las comunidades locales tienden a desaparecer. Así, los conflictos se diseminan en la Amazonia”, explica. Esos conflictos se refieren a falta de cumplimiento de las leyes laborales, al punto de que se habla de trabajo esclavo. “Se cumplían sesenta horas de trabajo, cuando la ley dice 44”, informa. Además, hubo un aumento de los homicidios dolosos entre 2008 y 2010 y un incremento de 18% a la explotación sexual de menores. Los estupros aumentaron un 208% desde que empezó la construcción de las hidroeléctricas y se instaló un prostíbulo al que los trabajadores de la planta asistían presentando una tarjeta en la que se marcaban los servicios.
Por estos motivos, el diputado de la zona, Juan Carlos Ojopi, ha pedido constantemente informes al Gobierno. Ha recibido información, pero advierte de que “este megaproyecto requiere de megatalleres. Brasil y Perú ya nos mostraron lo que pasa”.
LAS OPCIONES
Con casi 1.000 megavatios, la energía que producirá Cachuela Esperanza equivale al 80% de lo que actualmente produce Bolivia. Somos un país que consume muy poca energía. Además de eso, la Tarifa Dignidad, que rebaja un 25% de la factura a quienes necesitan menos de 70 kilovatios al mes. Estas cifras, brindadas por el economista e ingeniero eléctrico Enrique Gómez, indican además de que en el área rural se consume 20 kilovatios al mes. “Se dice que la gente enciende el foco para buscar fósforos y encender la vela”, comenta el especialista. Con esos números, las generadoras no son rentables. Vender a Brasil, donde se paga $us 19 por kilovatio/hora parece más atractivo que cobrar al consumidor boliviano, que paga $us 6,73 por kilovatio/hora. Claro, tenemos la subvención del diésel y un gas barato. Pero señala un punto preocupante: en el oriente, el costo de generación de energía con diésel subvencionado es de $us 50 por megavatio/hora; la energía de Cachuela Esperanza costará $us 100.
El ex gerente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) se extraña de que el Gobierno vetara un proyecto para generar energía en Cobija a partir de la cáscara de castaña. Holanda subvencionaba una parte del proyecto y ENDE sólo invertiría $us 200.000. “Al subir Evo, vetó la idea porque querían proyectos faraónicos. Si fracasaba, perdíamos 200.000 dólares, pero si tenía éxito, podíamos reproducir la idea en diferentes poblaciones”, asegura. En Beni se habló de construir pequeñas hidroeléctricas, pero no hay voluntad política. “A quien se anima a invertir en pequeñas centrales, le dan un trato discriminatorio. San Joaquín, en el Chapare, no puede vender a otros. En otros países, las centrales eólicas tienen un tratamiento preferencial, pero en Bolivia no”, protesta.
Entre las opciones sugeridas está una versión más pequeña de Cachuela Esperanza, que generaría 30 megavatios (no 1.000 como ahora se pretende). “Se atendería así la pequeña demanda del norte boliviano: seis megavatios Riberalta, ocho Guayaramerín. También están los biodigestores (que producen energía gracias a la quema del metano) y el uso de la cáscara de castaña, cuya reserva alcanza para 20 años.
Todo está claro para Vanessa Cueto, vicepresidenta de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), que trabaja en Perú. DAR está haciendo seguimiento a cinco centrales que se están construyendo en la Amazonia peruana. Una de ellas es Inambari y otra, Pakitzapango. Forman parte de las cinco que están proyectadas para vender energía a Brasil. El acuerdo se firmó en junio del año pasado entre las cancillerías de ambos países. Se fijará la cantidad de electricidad que se venderá al coloso latinoamericano y esa cifra no podrá variar en 30 años, aunque la demanda peruana de energía aumente. Estos proyectos obligarán a desplazarse a 7.000 personas, se perderán 90 millones de hectáreas de bosques y los 3.000 kilómetros de líneas de transmisión generarán un área deforestada de 6.000 hectáreas.
LAS EXPLICACIONES
Víctor Van Oeyen, asesor de comunicación del Ceadesc, dice que es llamativo el silencio que el Gobierno guarda en el tema Cachuela Esperanza. Los efectos de los que no se habla fueron simulados por expertos de Cipca (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), que determinaron una afectación por el embalse de 600 km2, mientras que el estudio de Tecsult dice que serán 280. Se llega a afectar a 50 comunidades, poblaciones intermedias y ciudades, incluso Riberalta, que tiene 100.000 personas. “En años anteriores Riberalta ya fue afectada, y los estudios brasileños no contabilizaron superficies que siempre se inundan”, afirmaron Roberto Menchaca y Marcos Nordgren. Según los investigadores, la superficie afectada será de 15,8 millones de hectáreas, lo que involucrará a 436 comunidades y 330.000 habitantes. “Estamos hablando de una superficie adicional igual al departamento de Cochabamba”, asegura. Walter Justiniano, investigador independiente del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y fogoso crítico de la represa, señala que Tecsult afirmó, en su informe, que no es viable proveer de energía a Cobija, la capital del departamento en el que estará la hidroeléctrica. El motivo: los 500 kilómetros que la separan de Cachuela requieren de una inversión millonaria en el sistema de transporte.
Dos ingenieros de ENDE dieron algunas respuestas. Marco Escóbar (jefe del departamento de Hidráulica) y Aldo Delgadillo, supervisor del proyecto Cachuela Esperanza, explicaron que aunque Tecsult dice que no es viable otorgar energía a Cobija, la posición de ENDE es diferente. Esa declaración fue, en parte, tranquilizadora, sin embargo, en los temas ambientales tuvieron poco que decir. Se limitaron a explicar que el embalse “es agua, por lo tanto, es vida”. Destacaron los heroicos trabajos para completar la cartografía en la región y defendieron el proyecto, indicando que responde a una visión de largo plazo. Sin embargo, esa visión esconde, según un investigador brasileño, la intención de penetrar en territorio boliviano y extraer riquezas como la madera.
¿Nos beneficia?, es una de las preguntas que se formulan los especialistas. Los investigadores dicen que el gran beneficiado será Brasil y la gran endeudada, Bolivia.
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